El Grupo Parlamentario del PVEM propuso reformar el artículo cuarto de la Constitución a fin de establecer que el Estado garantice la entrega de un apoyo económico a niñas, niños y adolescentes en condición de orfandad por feminicidio.

En un comunicado, la bancada detalló que la iniciativa, presentanda por la diputada Janine Patricia Quijano Tapia, determina que a estos menores se les considera víctimas indirectas del citado delito por lo que la autoridad deberá aplicar protocolos psicológicos de emergencia, apoyos de alimentación, salud y educación.

Explicó que se trata de una población vulnerable y propensa a ser revictimizada por una violencia estructural, es decir, los menores en desamparo pueden quedar al cuidado de personas que los atienden y solventan sus gastos o son abandonados y relegados.

“Los huérfanos del feminicidio y sus familias enfrentan solos el golpe de quedarse sin padres, sin tratamiento psicológico y sin dinero, invisibles ante el Estado”, enfatizó.

Añadió que actualmente no se tienen muchos datos al respecto, sin embargo, de acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en un país donde cada mes asesinan a 312 mujeres, las fiscalías estatales reportan, de 2015 a abril de 2022, únicamente 947 niños y adolescentes en orfandad por feminicidio.

Por lo mencionado, subrayó, se debe crear un apoyo para las víctimas indirectas del feminicidio que, al igual que los demás programas sociales, se eleve a rango constitucional para garantizar su permanencia, universalidad y efectividad.

Foto: Cámara de Diputados