El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, aseguró que el Senado de la República, está en tiempo para lograr la aprobación de un nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, de avanzada, que sirva a los justiciables, a la ciudadanía y a los juzgadores.

“Lo deseable es que antes de septiembre concluyamos el dictamen, para presentarlo cuando inicie el Periodo Ordinario de Sesiones”, manifestó.

Ello, en una reunión en la que estuvo acompañado del presidente de la Comisión de Justicia, Rafael Espino de la Peña y la presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, Ana Lilia Rivera Rivera, con Rafael Guerra Álvarez, presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB) y poderes judiciales locales de distintos estados del país.

Se trata, dijo el senador, de llevar a cabo un esfuerzo conjunto, para que surja un trabajo más elaborado y mejor diseñado, en beneficio de todos, por eso, “el propósito de esta reunión es de escuchar sus reflexiones, comentarios, y aportaciones”.

Monreal Ávila recordó que se han llevado a cabo una serie de foros en varios estados del país, y todavía falta uno, por lo que una vez que se concluya, se afinará la propuesta con los poderes judiciales locales, antes de que se aprobado por las comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, para que pueda salir de consenso.

Por lo que propuso la creación de una “comisión de alto nivel”, que trabaje con las comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda, para que las y los impartidores de justicia, participen en las discusiones internas y estén presentes en los trabajos legislativos.

Ricardo Monreal señaló que, ante los ojos de la ciudadanía, el sistema de justicia civil y familiar, aún resulta lento, incierto, obsoleto y muchas veces discriminatorio, complicado y costoso, además de que la diversidad de normas y criterios, es otro factor que ha generado obstáculos para que las personas accedan a una justicia expedita.

Por ello, destacó, esta propuesta contiene una mínima base de regulación para la impartición de justicia, más pronta y cercana a la gente, mediante instituciones nuevas o fortalecidas y procedimientos homologados, ágiles y con criterios uniformes, es decir, “se trata de una reforma de gran calado”.

El ordenamiento que estamos pensando aprobar en los próximos días, constituirá un cambio de paradigma en la impartición de justicia en México, porque está encaminado a lograr el mejor modelo de justicia cotidiana en materia civil y familiar, concluyó.

En tanto, el presidente de la Comisión de Justicia, Rafael Espino de la Peña, recordó que para la conformación de este nuevo código, el Senado de la República ha realizado siete foros abiertos en distintas entidades del país, con aportaciones de académicos, especialistas, magistrados, fiscales y otros involucrados en la impartición de justicia.

Además, agregó, ya está instalado un equipo técnico revisor con la Cámara de Diputados para apoyar en la conformación del proyecto final.

Enfatizó que la propuesta está encaminada a garantizar el acceso a la justicia a grupos en situación de vulnerabilidad o riesgo, velar por el interés superior de niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad y mujeres, desde una perspectiva de género y con pleno respeto a los derechos.

La senadora Ana Lilia Rivera Rivera, presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, reconoció el interés de los presentes para elaborar el proyecto del nuevo Código de Procedimientos Civiles y Familiares, el cual, subrayó, puede ser perfectible, pero en este momento es necesario que ya se expida.

El senador del PRD, Miguel Ángel Mancera Espinosa, mencionó que es fundamental que los poderes judiciales sean autónomos, a efecto de garantizar el Estado de Derecho, pues ellos deben ser “diques garantes”, contra cualquier ataque de las y los justiciables.

Por su parte, Rafael Guerra Álvarez, Magistrado Presidente de la CONATRIB, dijo que la iniciativa presentada por el senador Ricardo Monreal y elaborada por los impartidores de justicia, satisface los estándares mínimos de protección a los derechos humanos, la doctrina procesal moderna familiar y civil, y el acceso a la justicia pronta y expedita, que dignifica la actividad jurisdiccional.

Guerra Álvarez expuso que se ha excedido el plazo constitucional para la expedición del Código, lo que provoca problemas en la función jurisdiccional que desempeñan los tribunales, por lo que es necesario un andamiaje jurídico moderno que garantice el más amplio ejercicio de los derechos humanos para acceder a la justicia, efectiva en condiciones de igualdad y no discriminación.

En este sentido, señaló que la expedición de un Código nuevo es insuficiente para modernizar el sistema de impartición de Justicia, por lo que es fundamental que el Senado realice reformas que amplíen las herramientas para la resolución de conflictos y garanticen la autonomía e independencia de los poderes judiciales.

Los representantes de los poderes judiciales que participaron fueron: de Baja California, Alejandro Issac Fragozo López; de Campeche, Leticia Lezama Centurión; de Coahuila, Miguel Felipe Mery Ayup; de Durango, Ramón Gerardo Guzmán Benavente; de Querétaro, Mariela Ponce Villa; de Puebla, Héctor Sánchez Sánchez; de Sinaloa, Jesús Iván Chávez Rangel; de Tlaxcala, Mary Cruz Cortés Ornelas; de Zacatecas, Arturo Nahle García.

Urgieron al Senado para que se apruebe el Nuevo Código de Procedimientos Civiles y Familiares, ya que representa, dijeron, una gran oportunidad de dotar de nuevas reglas procesales en materia civil y familiar a todo el país.

Coincidieron en que es fundamental que se elabore un dictamen homologado, por lo que solicitaron poner como prioridad la expedición del Código y confiaron en que todos los grupos parlamentarios puedan aprobarlo y así realizar una transformación profunda en esta materia.

Foto: Senado