La Comisión para la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes y Solicitantes de la Condición de Refugiado agrupa a integrantes de los sectores público, organismos internacionales y de la sociedad civil, a fin de generar los mecanismos para la participación de niñas, niños y adolescentes en la elaboración de planes y programas, y asegurar la coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los municipios, indicó el encargado de Políticas de Protección en Situación de Movilidad de la Secretaría Ejecutiva (SE) del Sipinna nacional, adscrita a la Secretaría de Gobernación, Erik Álvarez Pérez.

Durante su participación en el curso virtual ‘Derechos Humanos y Migración’, dirigido a personas del servicio público federal y del estado de Quintana Roo, expuso que la Comisión se crea en 2016 en el marco del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), a fin de garantizar los derechos humanos y la protección integral de este sector de la población en territorio nacional, específicamente en temas como la no separación de las familias, mejora permanente de albergues, formación de las personas servidoras públicas y promoción de la efectiva protección del interés superior de la niñez, entre otros.

Señaló que la Comisión trabaja para el bienestar de la niñez y adolescencia en situación de movilidad mediante la creación, instalación y operatividad de órganos colegiados, así como de un marco de políticas públicas diseñadas para el fortalecimiento de la coordinación de las estrategias y acciones que son necesarias para garantizar el ejercicio, respeto y protección de todos sus derechos.

Apuntó que entre los logros de la Comisión se encuentran el ‘Plan Estratégico de Acciones para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Movilidad’ (PEAANNAM), conformado por dos componentes, y la ‘Ruta de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Migración’.

El primer componente del plan refiere a las acciones estratégicas y se enfoca en la seguridad humana, gobernabilidad y derechos humanos. Sus estrategias y acciones se dirigen a los mecanismos de coordinación en el estado, a la ruta de protección integral, a la socialización de información clave a actores locales, así como a la generación de datos estadísticos y acciones de protección, educación y salud, entre otros.

En referencia a los derechos humanos de niñez y adolescencia en situación de movilidad, expuso que se plantean acciones de protección para la primera infancia (de cero a cinco años de edad), como el esquema de vacunación, espacios de lactancia, espacios amigables y nutrición suficiente, adecuada y de calidad, y refirió que para todo este sector de la población se proporcionan servicios de salud, educativos, alojamiento y seguridad social, además de que se capacita a las autoridades.

En lo que hace al segundo componente, referente a los órganos colegiados, destacó que se impulsa la creación, operación e instalación de Comisiones Estatales de Migración que elaboren sus propios productos y políticas locales, como diagnósticos de situación local, programas estatales y sus rutas de protección.

El servidor público indicó que actualmente participan 22 entidades; se cuenta con 15 diagnósticos situacionales y cinco planes estratégicos. Recalcó que los diagnósticos permiten identificar la condición de menores de 18 años en situación de movilidad en la entidad correspondiente, localizar a autoridades y actores que participan en la atención a este sector poblacional y permiten obtener datos estadísticos de la región y sus flujos migratorios, así como el registro de todos los servicios de atención y protección con que cuenta la entidad.

Para la implementación de este segundo componente en los estados, Álvarez Pérez agradeció el acompañamiento del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y de Save the Children México.

Subrayó que la ruta de protección integral sistematiza las atribuciones que se encuentran en la ley para cada una de las autoridades responsables de la atención de la niñez y adolescencia en contexto de movilidad humana, y que los derechos de esta población se garantizan a través de la colaboración interinstitucional, donde se identifican los trechos de responsabilidad y se asumen los compromisos para lograrla.

Por último, refirió que la ruta se enfoca en principios y ejes como el interés superior de la niñez, la no devolución y unidad familiar; no detención y no discriminación.

El curso ‘Derechos Humanos y Migración’ es una actividad de la Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur, de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación; y estuvo presidida por la directora general de Políticas Públicas, Estrategias e Instrumentos de Colaboración, María del Carmen Ramírez García.