En sesión virtual de la LX Legislatura del Congreso del Estado se dio lectura a la iniciativa de decreto, presentada por la diputada Nora Merino Escamilla y el diputado Gabriel Biestro Medinilla, para reformar el Código Penal en materia de eliminación de la prescripción de delitos sexuales.

Al explicar el dictamen, la diputada Nora Merino Escamilla señaló que, de aprobar esta iniciativa, la LX Legislatura del Congreso del Estado sería referente a nivel nacional en materia de prescripción de delitos sexuales; asimismo, destacó que la propuesta logró robustecerse luego de un trabajo coordinado con la sociedad civil y expertos jurídicos.

Explicó que con esta propuesta se busca eliminar la prescripción para un nuevo catálogo de delitos de índole sexual a los ya establecidos como es corrupción a menores e incapaces, pornografía de menores e incapaces, ciberacoso, violación a la intimidad sexual, abuso sexual, estupro, hostigamiento sexual y acoso sexual. También, que sea castigado, con una pena de dos a siete años de prisión, a quien sabiendo la comisión de estos delitos sexuales no acuda a denunciarlos.

El dictamen fue turnado a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su estudio y resolución procedente.

En otro momento del orden del día, el diputado Raúl Espinosa Martínez propuso reforma a diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado con la finalidad de agregar lenguaje incluyente, establecer que se respete el principio de paridad de género en los nombramientos del personal jurisdiccional y administrativo de las salas; así como de las personas titulares de las unidades administrativas del Tribunal.

El dictamen fue turnado a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su estudio y resolución procedente.

En otro momento del orden el día se dio lectura a la iniciativa de decreto por el que se reforma artículo 284 quáter del Código Penal del Estado. Al explicar la iniciativa, la diputada Mónica Lara Chávez, expresó que el dictamen tiene la intención de que los agresores, entre otras cosas, asistan a los programas de reeducación que impartan los Centros de Reeducación para personas agresoras, conforme sus modelos de atención, previamente acreditados.

El dictamen fue turnado a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su estudio y resolución procedente.

En un momento diferente del orden del día, se dio lectura de la iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 278 octies del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de delitos sexuales.

Al hacer uso de la palabra, el diputado Gerardo Islas Maldonado señaló que los delitos sexuales en el estado de Puebla han tenido un incremento por lo que, al estimar la notable gravedad de estas conductas, se deben perseguir estas conductas de oficio; es decir, no debe esperar a que la víctima inicie la persecución penal, sino que debe castigar con firmeza dichas conductas criminales.

El dictamen fue turnado a la Comisión de Procuración y Administración de para su estudio y resolución procedente.

Al presentar la iniciativa de reforma el artículo 269 en su fracción VII del Código Penal para el Estado, la diputada Guadalupe Tlaque Cuazitl, expresó que el delito de violación es uno de los que más tiene denuncias, por lo que señaló que el dictamen tiene la intención de ampliar la tutela de los derechos de las víctimas del delito de violación sin importar que se haya tenido una relación o vínculo afectivo con el agresor y que no se vulnere la libertad sexual de las víctimas y mucho menos normalizar este tipo de conductas.

El dictamen fue turnado a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su estudio y resolución procedente.

Además, se dio lectura a la iniciativa de decreto por el que reforman las fracciones IV y V del artículo 47, todos de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Puebla y el artículo 61 de la Ley de Cultura y Derechos Indígenas.

Al realizar la explicación de la iniciativa, la diputada Tonantzin Fernández Díaz, refirió que es necesario adecuar la Ley Orgánica del Poder Judicial, para que se defina con claridad cuál es la competencia y cómo deben conformarse los juzgados indígenas, evitando que se les siga dando el trato de juzgados municipales y asegurar su funcionamiento con cargo a los recursos que tiene asignados el Poder Judicial.

Asimismo, propone reformas a la Ley de Derechos, Cultura y Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Puebla, a fin de garantizar que los recursos para la operación de los Juzgados Indígenas, estén a cargo del Poder Judicial estatal.

El dictamen fue turnado a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia y a la de Pueblos Indígenas para su estudio y resolución procedente.