La diputada Esther Martínez Romano (PT) impulsa una iniciativa que reforma la Ley de Coordinación Fiscal para crear el Fondo de Aportaciones para la Transición hacia la Electromovilidad en los Municipios y las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México.

Plantea que el Fondo se determine en el Presupuesto de Egresos de la Federación con recursos federales y, conforme al último censo de población del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, se distribuya mensualmente en los primeros diez meses del año a las entidades federativas por conducto de la Federación, para su entrega a municipios y demarcaciones territoriales, de manera ágil y directa.

Las aportaciones federales que con cargo al Fondo reciban los municipios a través de las entidades, y las demarcaciones territoriales por conducto de la Ciudad de México, se destinarán exclusivamente a elaborar el plan estratégico municipal para crear la red de carga eléctrica de vehículos eléctricos y renovar la flotilla de vehículos municipales por unidades eléctricas.

Además, a campañas de información y concientización sobre los beneficios ambientales por el uso de vehículos eléctricos; y crear e implementar programas públicos que incentiven su uso.

La iniciativa, que adiciona la fracción IX al artículo 25 y agrega los artículos 47-A y 47-B, a dicho ordenamiento, argumenta que la migración exitosa hacia la electromovilidad requiere infraestructura local sólida y planificada, invertir en estaciones de carga, modernizar la red eléctrica, implementar incentivos financieros y concientizar a la población, para allanar el camino a un futuro más sostenible y eficiente.

Destaca que los gobiernos locales deben contar con apoyo de la Federación para dotar a sus localidades de la infraestructura necesaria y facilitar la transición hacia esa modalidad, que ha surgido como una alternativa para reducir la dependencia de combustibles fósiles y su impacto ambiental.

Precisa que se requiere una red de estaciones de carga eficiente y accesible, pues de ella depende autonomía energética de esos vehículos y que los usuarios tengan la certeza de que no se quedarán varados por falta de energía en sus unidades.

Por ello, considera que los tres órdenes de gobierno deben invertir en estaciones de carga rápida y semirápida en áreas urbanas y a lo largo de las principales carreteras, ciudades y poblados del país, con una ubicación estratégica para garantizar una cobertura adecuada.

Debido a la gran cantidad de recursos que requiere esa transición, es necesaria la coordinación y apoyo federal para implementar políticas coherentes y armonizadas en todo el país, además de promover incentivos fiscales y financieros para adquirir vehículos eléctricos e impulsar la colaboración entre gobiernos, industria automotriz y empresas energéticas.

Foto: Cámara de Diputados