La diputada Rocío del Pilar Villarauz Martínez (Morena) propuso modificar la Constitución Política, con el fin de que el Estado garantice el derecho que tienen todas las personas al cuidado, por lo que, a través de la creación del Sistema Nacional de Cuidados, se vigilaría la implementación de las políticas públicas que se requieran para satisfacer las necesidades de las personas en esta materia.
«Esto permitirá vivir en una sociedad donde las personas disfruten de servicios públicos que sean dignos, universales, accesibles, pertinentes, suficientes, de calidad, además de brindar protección social y laboral», indicó en un comunicado.
Señaló que se busca partir del reconocimiento del derecho humano al cuidado, tanto de la persona cuidadora, como de aquella que es cuidada, erradicando la incorrecta atribución que se le da a las mujeres respecto a los cuidados, “aún en nuestros tiempos se sigue considerando que son las mujeres quienes tienen el deber u obligación de cuidar”, citó.
Expuso que es sumamente importante que este derecho al cuidado esté sustentado en la igualdad de género, lo que implica llevar a cabo una reorganización entre el Estado, las familias, la comunidad, organizaciones de la sociedad civil y el sector privado.
De igual manera, añadió que lograr la corresponsabilidad social en torno a este derecho, traerá grandes beneficios a las mujeres, ya que incrementará las posibilidades de participar en la toma de decisiones, trabajar, estudiar, tener mayor disposición de su tiempo libre, abonando así a su autonomía, principalmente económica, con lo que se fortalecerá la constante lucha que se tiene en la defensa de sus derechos.
Refirió que la ausencia de políticas públicas en materia de cuidados, el déficit de servicios públicos e infraestructura, la falta de balance en la distribución del trabajo no remunerado, de una cultura de no discriminación, así como la carencia de corresponsabilidad entre gobierno, empresas y familias, colocan en desventaja a las personas que más lo necesitan, impidiéndoles que puedan salir de las condiciones de pobreza en las que se aún encuentran.
“La construcción de una política pública de cuidados implica una ardua y permanente tarea de coordinación entre diferentes áreas del gobierno, organizaciones sociales e iniciativa privada, tomando como base que debemos realizar los cambios legislativos necesarios”, subrayó.
Abundó que, dado que se trata de derechos humanos, no debe perderse de vista que deberán estar presentes los principios de progresividad, universalidad, interdependencia e indivisibilidad, así como el establecimiento de metas a corto, mediano y largo plazo, con lo que se otorgue el pleno goce y ejercicio de este derecho. La diputada de Morena sostuvo que es responsabilidad del Estado garantizar el derecho al cuidado y a cuidar de todas y todos los mexicanos, pues todos los seres humanos requerimos del cuidado en algún momento de nuestras vidas.
Otro de los objetivos, resaltó, es conseguir la transformación de factores estructurales que continúan impidiendo el pleno ejercicio de la autonomía económica y la redistribución de la carga de trabajo doméstico y de cuidados, que no son remunerados; así como la igualdad sustantiva y la erradicación de la violencia de género.
“Se busca mejorar la inserción laboral de las mujeres, la atención de la carga de cuidado que siempre ha recaído sobre ellas, limitando el uso de su tiempo propio para desempeñarse en otras labores productivas que satisfagan sus intereses y necesidades, ya sea para desarrollo personal, recreación, diversión, descanso, es decir, la libre distribución de su tiempo libre”, dijo.
Insistió que con el reconocimiento del derecho a cuidar y a ser cuidado, y para lo cual se plantea reformar el artículo cuarto de la Constitución, se logrará impactar positivamente en las condiciones de vida, los derechos, el bienestar de todas y todos los mexicanos, pero sin duda, deberá de trabajarse con mayor intensidad para las mujeres y niñas que pertenecen a grupos vulnerables.
Citó que, una vez reconocido este derecho en la Constitución, se requerirá que a corto plazo se lleve a cabo la adecuación y armonización en toda la legislación aplicable, a fin de garantizar su pleno goce y ejercicio en todo el país, y es por ello la trascendencia que tiene también el otorgar explícitamente la facultad y obligación al Congreso de la Unión de legislar en esta materia.