Diputadas de Morena, PAN, PRI, PT y PVEM informaron que impulsarán una iniciativa que visibilice la violencia vicaria, y que obligue a los deudores alimenticios a pagar la manutención.

Lo anterior, en una rueda de prensa, encabezada por la diputada Sarai Núñez Cerón (PAN), acompañadas por activistas de la Red de Mujeres en Acción, vestidas de novias, quienes acudieron a San Lázaro a presentar la iniciativa, conocida como el Caso 992.

La diputada Núñez Cerón detalló que esta propuesta ciudadana se ha complementado con diversas iniciativas de diputadas y diputados del PAN, PT, PVEM y Morena.

La diputada Margarita Zavala (PAN) detalló que la iniciativa, denominada Caso 992, busca reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial y el Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México, a fin de que las Umecas (Unidades Estatales de Supervisión a Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso) tenga facultades para intervenir en la ubicación de los deudores alimentarios y en la dictaminación de su peligrosidad procesal.

Así como incluir dicha reforma en el proyecto del Código Nacional de Procedimientos Civiles, una vez que sea expedido por la Cámara de Diputado, puntualizó.

En su intervención, la diputada Mary Carmen Bernal (PT), secretaria de la Comisión de Justicia, se comprometió a hacer llegar esta iniciativa al Grupo de Trabajo encargado de construir el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, el cual prevén aprobar en el mes de diciembre.

La representante de la Red de Mujeres en Acción, Ana Correa, dijo que la organización adoptó y acompañó la presentación en iniciativa elaborada por Ingrid Tapia, generada del Caso 992, el cual señala que tres de cada cuatro hijos de padres separados no recibe pensión.

Además, existen 88 mil menores víctimas de la violencia vicaría en el país, que refiere al uso de la violencia contra los hijos para dañar a la madre.

“Por ello, es que proponemos a través de esta iniciativa que el Congreso Federal y la Unidad de Medidas Cautelares, puede encargarse la investigación y dictaminarían de su peligrosidad procesal, quitando esa carga a la mujer, que apenas puede pagar la manutención de los hijos”, abundó.

Por su parte, la activista Ingrid Tapia pidió además que se dote de mayores recursos a los a tribunales de familias, así como que la iniciativa del Caso 992, junto con la de violencia vicaria y la Ley 3 de 3 contra la violencia para no tener funcionarios públicos deudores y abusadores sean aprobadas en el ámbito federal.

Consideró que el Estado puede proveer una mejor localización de los deudores, así como otorgar más recurso a la justicia.

La diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz (PVEM), secretaria de la Comisión de Igualdad de Género, destacó que es un tema que atañe a todo el Congreso, sin importar los partidos; por tal motivo, se han presentado diversas iniciativas para que se legisle la violencia vicaria, ya que tiene que estar en la normatividad, “tiene que ser reconocida para erradicarla y prevenirla”.

La diputada Claudia Alejandra Hernández Sáenz (Morena), secretaria de la la Comisión De Igualdad De Género, recordó que el mes de junio se realizó el Parlamento Abierto sobre el análisis para la dictaminación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en materia de violencia vicaria, convocado por esta instancia legislativa, en el que participaron diputadas, especialistas y representantes de organizaciones.

Aseveró que la Comisión de Igualdad de Género actualmente se encuentra evaluando las siete iniciativas, ya turnadas; para que en próximas fechas se presente el dictamen sobre la violencia vicaria.

Sostuvo que, hasta hace poco, este tipo de violencia era invisible en nuestro país, “y lo que no se nombra no existe”.

La diputada Laura Barrera Fortoul (PRI), presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, señaló que una de cada 10 mujeres que demanda alimentos, logra la pensión para sus hijos.

Foto: Cámara de Diputados