El diputado Carlos Enrique Martínez Aké (Morena) propuso modificar la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en sus artículos 20 y 40, para facultar al Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a emitir el Protocolo Nacional Policial en materia de detención y aseguramiento de infractores y presuntos responsables.
Establece como obligación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública velar por la vida e integridad física de las personas detenidas, debiendo capacitarse y certificarse de manera permanente en la aplicación del Protocolo Nacional Policial en materia de detención y aseguramiento de infractores y presuntos responsables.
El objetivo de la iniciativa es fijar criterios, mecanismos, procedimientos, estrategias o buenas prácticas, que se deben realizar en forma estandarizada por parte de los servidores públicos encargados de la función de policía preventiva o investigadora en el ejercicio de las atribuciones, ante cualquier detención y aseguramiento de infractores de faltas administrativas, y presuntos responsables de delitos.
Refiere que en el país se han presentado “actuaciones policiales lamentables”, que suceden porque a nivel nacional la gran mayoría de las policías no están capacitadas en técnicas de detención y aseguramiento de presuntos infractores, y porque en algunos niveles no existe un protocolo de actuación policial homologado, que deben seguir y cumplir los integrantes de las policías.
Explica que en algunas entidades se han emitido protocolos para la detención en el marco del sistema penal acusatorio, como el vigente en la Ciudad de México, que contiene medidas para salvaguardar los derechos de las víctimas y de los presuntos responsables, pero en otras no existen o no se encuentran actualizados, ni homologados; por tanto, la actuación de las policías de entidades y municipios no está debidamente estandarizada.
Afirma que las y los mexicanos y toda persona que se encuentre en territorio nacional, tiene derecho a la seguridad personal, que implica el reconocimiento de la dignidad inherente al ser humano y que las autoridades respeten y protejan su integridad física, psíquica y moral.
“Si bien, las autoridades policiales están para prevenir y perseguir conductas antijurídicas, no les da el derecho de exceder en el uso de la fuerza en el cumplimiento de sus funciones, ya que hacerlo no solo son constitutivos de delitos sino de una violación flagrante al marco convencional en materia de derechos humanos, que el Estado mexicano, está obligado a cumplir”, puntualiza la iniciativa enviada a la Comisión de Seguridad Pública para dictamen.
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