El diputado José Salvador Rosas Quintanilla (PAN) propuso reformar los artículos 5° y 6° de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, para que sean sujetas de programas de asistencia social en caso de pérdida de la salud.
Además, que puedan acceder a una casa hogar o albergue u otras alternativas de atención integral en donde también se les brinde un lugar seguro para dormir, alimento, ropa limpia, atención médica e higiene, y que el Estado les garantice condiciones óptimas de participación y trabajo.
En el documento, enviado a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables para dictamen, se señala que garantizarles asistencia social por pérdida de salud y no solamente por discapacidad, así como atención integral, son pasos mínimos pero necesarios en el resguardo de este grupo de edad que ya no representa una minoría poblacional, frente a la situación de abandono, asilamiento y rezago.
Refiere que el desplazamiento de la población joven y adulta económicamente activa, hacia una población adulta y adulta mayor es inminente, y de no ser tomado en cuenta tendrá consecuencias económicas y de pobreza “aún peores que las ya existentes”.
Destaca que al garantizarles una fuente de ingreso propio podrían experimentar un proceso de dignificación y autonomía, con la posibilidad de contar con un recurso que no dependa de sus familiares o de programas sociales.
Precisa que el país atraviesa una transición demográfica, en la que la pirámide poblacional se invirtió, lo cual implica un trabajo de refinamiento legislativo constante para afrontar el manejo de las políticas públicas del futuro.
Considera que el panorama de envejecimiento nacional e internacional requiere un enfoque integral de tipo gerontológico y de derechos humanos que les atienda en los rubros biológico, psicológico y social para promover su capacidad funcional.
Señala que, en México, el derecho al trabajo, a la salud y accesibilidad de servicios con esa visión son ausentes, aunque Conapo estima que en 2050, alrededor del 28 por ciento de la población tendrá más de 50 años y menos personas económicamente activas.
Según el Coneval, en 2018 la cifra de pobreza en este grupo de edad fue de 41 por ciento, es decir, alrededor de cuatro millones de personas, de los cuales siete por ciento estaban en condiciones de pobreza extrema.