La diputada Nélida Ivonne Sabrina Díaz Tejeda (PRI) impulsa una iniciativa para imponer una pena de 15 a 25 años de prisión, y una multa de 2 mil a 30 mil días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización a quien, mediante contrato, se beneficie de la gestación subrogada y de la entrega de la niña o niño producto de la misma.

Este contrato será nulo de pleno derecho, indica el documento enviado a la Comisión de Derechos Humanos para dictamen, que adiciona el artículo 30 Bis a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.

Expone que, en México, la gestación subrogada es un tema complejo y su regulación varía de un estado a otro. Sin embargo, no existe una legislación federal específica que regule la gestación subrogada en todo el país.

Menciona que algunos estados han establecido sus propias leyes al respecto, lo que ha llevado a disparidades significativas en la forma en que se maneja este tema en diferentes regiones. La gestación subrogada plantea preocupaciones éticas y legales, y la posibilidad de explotación o trata de personas es una de ellas.

Díaz Tejeda subraya que los controles rigurosos impuestos hasta la fecha sobre las agencias y profesionales involucrados se han mostrado insuficientes y como una puerta para que organizaciones criminales exploten a las mujeres para garantizar que la gestación subrogada se lleve a cabo.

Abunda que la cooperación entre las autoridades locales, agencias gubernamentales y organizaciones internacionales puede fortalecer los esfuerzos para prevenir la trata de personas en el contexto de la gestación subrogada.

Precisa que la consideración de esta actividad como trata de personas es un tema complejo y debatido en el ámbito internacional. En algunos casos, las mujeres que actúan como gestantes subrogadas pueden estar en situaciones económicas precarias y pueden ser motivadas por la necesidad financiera a participar en ella.

Esto plantea la preocupación de si están tomando una decisión completamente libre y voluntaria. Por ello, se requiere analizar si se centran en la posibilidad de que las mujeres gestantes no tengan plena autonomía en la toma de decisiones. “Pueden estar influenciadas por presiones sociales, económicas o familiares, lo que lleva a preguntas sobre la autenticidad del consentimiento”.

La legisladora argumenta que la inadecuada o nula regulación en algunos lugares puede dar lugar a la explotación de mujeres en situación de vulnerabilidad. Sin protecciones legales y salvaguardias adecuadas, las mujeres pueden enfrentar condiciones injustas y ser explotadas en el proceso.

Sobre todo, añade, cuando la subrogación se convierte en un negocio lucrativo, en tanto que existe el riesgo de que se priorice el beneficio económico sobre la protección de los derechos y el bienestar de las mujeres gestantes.

“Este enfoque comercial permite afirmar que la gestación subrogada se presenta como una forma de trata de personas. La falta de supervisión y control puede dar lugar a abusos”, concluye.

Foto: Cámara de Diputados