Con el propósito de incluir la devastación forestal y la tala de árboles clandestina en el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, la diputada Flor Ivone Morales Miranda (Morena) promueve una iniciativa para reformar la Constitución Política.

En el planteamiento del problema la legisladora sostiene que estas actividades contra el medio ambiente son la tercera forma de delincuencia organizada transnacional más frecuente del mundo; en México diversifica sus actividades e incursiona en la tala clandestina en al menos seis entidades, de acuerdo con la Comisión Nacional Forestal (Conafor).

Por ello, propuso reformar el párrafo segundo del artículo 19 constitucional. Planteó en el segundo artículo transitorio que el Congreso de la Unión deberá realizar las adecuaciones normativas necesarias, para incluir en la legislación penal las hipótesis delictivas para la procedencia en los casos de delitos en materia de devastación forestal y tala de árboles clandestina.

El documento remitido a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen también menciona que las penas vigentes en la materia son mínimas en comparación con el daño que causa la tala ilegal e indiscriminada de nuestros bosques.

“La punibilidad de dichos tipos penales no resulta disuasiva para los sujetos activos de la comisión del delito, ya que la legislación actual permite que tengan al alcance diversas medidas cautelares y, en el caso de la delincuencia organizada, las ganancias son mucho mayores que los castigos y los daños ambientales se siguen perpetuando”, advierte.

Por ello, resulta fundamental que el Estado mexicano implemente todos los mecanismos necesarios para promover la conservación de los bosques, los árboles y la vegetación de nuestro país.

La madera obtenida por los grupos delincuenciales crea distorsiones en el mercado legal y constituye un tercio de la comercialización de este producto, de acuerdo al Programa Nacional Forestal 2020-2024, precisa la propuesta.

En 2020, agrega la iniciativa, México perdió 127 mil 770 hectáreas de bosques, deforestación superior a la del periodo 2010-2015 que fue de 91 mil 600 hectáreas. Dicha práctica se identifica principalmente en Chihuahua; Tapalpa, Jalisco; Costa Grande de Guerrero y San Juan Atzingo, Estado de México y, en menor proporción en Sonora, Durango, Morelos, Chiapas, Oaxaca, Sinaloa y Querétaro.

Destaca que tanto la tala ilegal como el comercio internacional de madera tienen graves repercusiones económicas, sociales y medioambientales. Se estima que estos delitos de alcance internacional representan entre el 15 y el 30 por ciento de todo el comercio mundial de madera.

La diputada Morales Miranda refirió que en México se dio a conocer a finales de 2021 la existencia de 122 zonas críticas forestales por distintos ilícitos en 20 estados, como tala clandestina, lavado de madera, extracción de madera sana, sobreexplotación de los recursos forestales, incumplimiento de programas de manejo, cambio de uso de suelo, incendios forestales provocados y delincuencia organizada.

En la iniciativa argumentó que según cifras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), al menos 70 por ciento de la madera que se comercializa en nuestro país tiene origen ilegal. 

El estudio “Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales” de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) revela que la tasa de deforestación en México es de 155 mil hectáreas por año, de las cuales, 60 mil tienen su origen en la tala clandestina.

Esta actividad ilegal genera ganancias anuales de entre 10 mil y 15 mil millones de dólares a nivel global, según el Informe Justicia para los Bosques, del Banco Mundial.

Foto: Cámara de Diputados