En México se debe reconocer el problema que representa la compraventa ilícita de flora y fauna silvestre, a través de diversas redes sociales y aplicaciones digitales, advirtió la senadora Alejandra Lagunes Soto Ruíz.

En un punto de acuerdo, publicado en la Gaceta Parlamentaria de la Comisión Permanente, del pasado 21 de diciembre, la legisladora del PVEM propuso exhortar a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, para que implementen un programa de vigilancia en redes sociales, a fin de detectar y, en su caso, sancionar el comercio ilícito de vida silvestre en el país.

Alejandra Lagunes mencionó que es importante que la Semarnat y la Profepa evalúen la posibilidad de incorporar en su Reglamento Interior, un área específica para la vigilancia en las plataformas sociales y aplicaciones digitales para combatir el comercio ilícito de especies silvestres.

Expresó que quienes compran plantas o animales a través de Internet o en algún lugar físico, sin que les entreguen los documentos que acrediten la legal procedencia, podrían ser acreedores de multas que van de 50 hasta 50 mil veces la Unidad de Medida y Actualización, es decir, de cinco mil hasta cinco millones de pesos de multa administrativa.

En este sentido, precisó, es importante considerar que el Código Penal Federal establece la imposición de una pena de uno a nueve años de prisión y por el equivalente de 300 a tres mil días multa a quien ilícitamente dañe a algún ejemplar de especie de flora o fauna silvestre terrestre o acuática en veda.

La senadora destacó que, de acuerdo con el Centro para la Diversidad Biológica, la biodiversidad de México está amenazada por el tráfico ilegal de vida silvestre, debido al mercado digital abierto, una herramienta tecnológica por la que se permite que especies de vida silvestre se comercialicen de forma ilícita.

En dicha publicación, puntualizó, se mencionan diversos ejemplos de acciones de compraventa de vida silvestre, como tucanes, cocodrilos, mono araña, aullador y perezoso, sin los documentos que acrediten su legal procedencia, como lo marca la legislación nacional.

Por lo que, la Profepa, afirmó, debe realizar visitas de inspección y vigilancia para verificar que las actividades de compraventa de animales de vida silvestre se realicen bajo la normatividad ambiental correspondiente.

A través del proyecto, Lagunes Soto propuso que la Semarnat realice campañas de difusión sobre las consecuencias que trae consigo la compra de flora y fauna, mediante medios digitales, sin documentos que acrediten la legal procedencia de los ejemplares silvestres.

Foto: Senado