El senador Martí Batres Guadarrama presentó una iniciativa que reforma la Ley de Amparo, a fin de que el Instituto Federal de Defensoría Pública tenga legitimación para denunciar contradicciones de tesis, aun cuando no haya representado a algunas de las partes en los asuntos de origen.

Desde la tribuna, Batres Guadarrama señaló que esta reforma podría garantizar el acceso a la justicia de manera gratuita, y otorgaría certeza y seguridad jurídica a todos los actores que participan o intervienen en procesos judiciales.

Precisó que la posibilidad de que dicho Instituto pueda contar esa facultad, es acorde a su naturaleza eminentemente litigiosa.

El legislador de Morena explicó que actualmente el artículo 227 de la Ley de Amparo señala que los sujetos que se encuentran legitimados para formular la denuncia de contradicción de tesis son los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los plenos de Circuito, tribunales colegiados de Circuito y sus integrantes.

También, agregó, los jueces de distrito, el Fiscal General de la República y las partes en los asuntos que la motivaron.

Sin embargo, consideró que al ser la Defensoría Pública Federal una institución encargada de brindar los servicios de defensa penal y asesoría jurídica gratuita a aquellas personas que más lo necesiten, debiera estar contemplada expresamente en el catálogo de quienes tienen una legitimación activa para denunciar contradicciones de tesis.

Ello, destacó, favorecerá a un mayor número de sujetos involucrados diariamente en la dinámica jurisprudencial.

Martí Batres refirió que este instituto otorga servicios de defensa penal y asesoría jurídica de manera gratuita en todo el país. En este sentido, informó que en 2019, las y los asesores jurídicos litigaron 26 mil 53 casos, mientras que las y los defensores públicos federales atendieron 56 mil 235 casos penales.

Resaltó que la Defensoría Pública atiende principalmente a personas o grupos en situación de vulnerabilidad que, además, no cuentan con recursos para el patrocinio de los procesos judiciales en los que se ven involucrados.

Consideró que, por un principio de igualdad de armas, se debe establecer la legitimación del Instituto Federal de Defensoría Pública para denunciar contradicciones de tesis, al ser la contraparte de la Fiscalía General de la República y tener un mismo interés en que existan condiciones de certeza y seguridad jurídica en los procesos judiciales.

Recordó que el sistema de justicia penal inquisitivo que imperaba en el país, ha ido transformándose en uno adversarial, por lo que es necesario un replanteamiento del papel de la Defensoría Pública Federal, que le permita, al igual que a la Fiscalía General, denunciar contradicciones de tesis.

No se puede soslayar la cada vez mayor intervención de la Defensoría Pública Federal en la protección de los derechos de las personas en materias como la fiscal, administrativa, civil y recientemente en la laboral, así como en el amparo de los asuntos que conoce y de aquellos que requieran la designación de una representación especial, puntualizó el legislador de Morena.

La iniciativa fue enviada a las comisiones de Justicia y Estudios Legislativos Segunda para su análisis y dictamen correspondiente.