La diputada Consuelo del Carmen Navarrete Navarro (PVEM) presentó una iniciativa para establecer como violencia familiar y en la comunidad el obligar a las mujeres a contraer matrimonio en razón de las costumbres familiares o de la comunidad, lo que se considera como matrimonio forzado.

La propuesta de reforma a los artículos 7 y 16 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, señala que no existe razón que justifique el obligar a una niña o adolescente a casarse, ni siquiera evocando costumbres familiares o comunitarias, pues esto tiene consecuencias graves para la salud de las menores involucradas, además de una violación a sus derechos.

“Si bien las costumbres son prácticas heredadas del pasado que son aceptadas y respetadas por los miembros de una comunidad en tanto se convierten en símbolo de identidad, éstas no pueden tolerarse cuando causan sufrimiento y dolor a alguno de los involucrados. Ninguna costumbre puede estar por encima del respeto a los derechos humanos ni del interés superior de la niñez”, añade.

Refiere que información de los Censos de Población y Vivienda 2010 y 2020, permite distinguir que el matrimonio infantil persiste en México y la cifra en el caso de las niñas hablantes de alguna lengua indígena actualmente duplica la tasa registrada en el ámbito nacional.

Esto significa que 12 niñas indígenas por cada mil son obligadas o convencidas a contraer matrimonio en nuestro país, lo cual duplica los casos de quienes no son indígenas. Los datos son alarmantes, por lo que “no podemos permitir que en pleno 2022 siga existiendo esta situación y ya sea por motivos económicos, sociales o siguiendo costumbres, se viole el derecho universal de los menores a vivir una niñez plena y al libre desarrollo de su personalidad”.

Expone que hay niñas en México que son obligadas a casarse o son vendidas dentro de sus comunidades a personas pertenecientes a ellas o a personas ajenas y ello provoca que sufran trastornos psicológicos durante el resto de sus vidas, ya que ninguna tiene la suficiente madurez para enfrentar los abusos cometidos en su contra por personas que prácticamente se convierten en sus dueños. En muchos casos esta violencia se extiende también a sus hijas e hijos.

A pesar de la existencia de legislación que prohíbe el matrimonio infantil en las localidades apartadas, muchas de ellas con población mayoritariamente indígena, no se ha logrado erradicar aun el matrimonio infantil por costumbre, lo cual definitivamente debe considerarse como una forma de violencia contra niñas y adolescentes, indica.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Igualdad de Género para su estudio y dictamen.

Foto: Cámara de Diputados