La diputada María del Rocío Banquells Núñez (MC) presentó una iniciativa para adicionar la fracción XXVII Ter al artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, con el fin de establecer la obligación de los patrones de otorgar licencia por matrimonio de cinco días laborables con goce de sueldo.

La propuesta, firmada por el coordinador de la fracción parlamentaria, diputado Jorge Álvarez Máynez, y respaldada por las y los legisladores integrantes del grupo, determina que la licencia podrá hacerse efectiva durante los días inmediatos anteriores o posteriores a la celebración de la unión marital.

Igualmente, que será aplicable con independencia del género de las personas contrayentes y sin discriminación alguna en caso de tratarse de matrimonios entre personas del mismo sexo.

La iniciativa plantea también que la licencia por matrimonio se deberá solicitar con una anticipación no menor a 30 días naturales, a fin de programar el periodo en el cual el trabajador disfrutará de dicho beneficio.

En la exposición de motivos, se considera que la iniciativa, enviada a la Comisión de Trabajo y Previsión Social para dictamen, abre la posibilidad de otorgar mayores garantías a quienes contraen matrimonio, sin importar su género.

Además, que su aprobación daría paso a una ampliación de derechos laborales y resultaría un atractivo más para que las personas se integren al mercado laboral de manera formal.

Indica que en el país se ha robustecido el marco jurídico laboral, como recientemente sucedió con la reforma a para otorgar vacaciones dignas, pero aún existen pendientes que deben ser atendidos, como es el caso de la licencia por matrimonio para quienes lo contraen.

Refiere que en otras naciones se otorga un permiso laboral retribuido que puede gozar la persona trabajadora por unirse legalmente a su pareja, pero en México no existe y por eso las empresas no tienen la obligación de otorgarlo, aunque algunas sí consideran su importancia sin que forme parte de sus obligaciones, derechos, prestaciones y procedimientos.

Señala que garantizar la progresividad de los derechos humanos es fundamental para mejorar la calidad de vida, por lo que perfeccionar las condiciones laborales de todas las personas trabajadoras debe ser una prioridad de la política gubernamental y del trabajo legislativo, a fin de que éstas tengan acceso a un trabajo digno y decente.

Foto: Cámara de Diputados