La diputada Ana Laura Bernal Camarena (PT) propuso reformar el párrafo segundo del artículo 390 del Código Penal Federal, a fin de incluir en esta normativa a las personas que desde un centro penitenciario cometan el delito de extorsión, ya que actualmente el marco legal no contempla sanciones por estos actos.

“Los casos de extorsión que se realizan desde los centros penitenciarios representan un grave problema de seguridad nacional.

«Lamentablemente estas prácticas no se han erradicado y lo más alarmante es que además de ser un grave delito, significa que los reos tienen acceso a teléfonos celulares o cualquier otro aparato para comunicarse hacia el exterior del penal”, aseveró en un comunicado.

Detalló que, de acuerdo con el Informe Anual de Resultados del Comité Especializado de Estudios e Investigaciones, en el periodo 2017-2018 se realizaron 3.7 millones de llamadas, provenientes de 7 penales del país, lo que demuestra los altos niveles de corrupción al interior de éstos, así como el mal funcionamiento de los bloqueadores de señal.

La congresista por Sonora argumentó que durante 2021 se cometieron 829 mil delitos de extorsión, de los cuales en 44.8 por ciento de los casos se realizó un pago, esto debido a que la delincuencia utiliza la violencia psicológica para intimidar a las víctimas, por ejemplo, al utilizar agresiones verbales; en otras ocasiones aprovechan la buena fe de las personas para engañarlas.

“El uso de la intimidación es uno de los elementos característicos de la extorsión. La amenaza ejercida hace que las personas teman por su integridad física, patrimonial o social, lo que hace ceder ante las exigencias o demandas por parte de los delincuentes. Evitar que estas situaciones continúen sucediendo es motivo suficiente para legislar”, concluyó. (RZJ)

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