El diputado Francisco Javier Huacus Esquivel (PRD) presentó una iniciativa que busca modificar el artículo 390 del Código Penal Federal, con el objetivo de establecer que “el delito de extorsión será perseguido de oficio”, con el fin de evitar exponer a los agraviados a represalias.

La propuesta, remitida a la Comisión de Justicia para su análisis y dictamen, refiere que se comete esta infracción cuando sin derecho se obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un lucro para sí o para otro o causando a alguien un perjuicio patrimonial.

Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) señalan que entre enero y agosto del 2022, hubo un millón 434 mil 801 delitos denunciados, un promedio de 179 mil 350 por mes, 5 mil 979 por día, 100 delitos por hora.

Subraya que en los últimos años estos delitos registran una tendencia ascendente. Agrega que, en 2018, el SESNSP reportó 6 mil 721 casos; en 2019, 8 mil 734; en 2020, 7 mil 960; en 2021, 8 mil 828; y en 2022 se registraron las cifras más altas con 10 mil 340 casos.

En la exposición de motivos, el diputado Huacus Esquivel afirma que este fenómeno comenzó telefónicamente en el año 2000, cuando los delincuentes contactaban a sus víctimas y les planteaban escenarios de riesgo, amenazas de daño físico o patrimonial para ellos o sus familiares de forma indirecta.

Ahora, agrega, en las últimas dos décadas este delito se sofisticó y dio paso a extorsiones de manera directa con la víctima al amenazarla y exigir pagos como cobro por “derecho de piso”, modalidad más común que afecta a personas productoras, pequeños comerciantes, a cámaras de comercio y transportistas.

De acuerdo a la Encuesta de Victimización (Envipe 2023), el delito de cobro de piso y distintas formas de extorsión ocuparon el tercer lugar de recurrencia a nivel nacional y se presentaron en, al menos, 23 estados del país, conforme a las denuncias ante los ministerios públicos y las carpetas de investigación.

Menciona que esta modalidad crece en las ciudades y controla todo a su paso, desde negocios ambulantes hasta empresas constructoras, mineras, sector hotelero, restaurantero, cadenas de tiendas de conveniencia, misceláneas y mercados comerciales.

Entre 2020 y 2022, la Concanaco (Confederación de Cámaras Nacionales de Comercios, Servicios y Turismo) informó que, de sus 750 mil empresas afiliadas, al menos 35 mil salieron del mercado debido a la inseguridad, bloqueos en carreteras y la criminalidad provocando pérdidas por aproximadamente 277 mil millones de pesos.

El legislador afirma que, ante este escenario, su iniciativa para categorizar el crimen de extorsión como un delito que se persiga de oficio, resulta fundamental para la seguridad de las y los mexicanos.

Foto: Cámara de Diputados