Proponen reformas a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos

La diputada Karen Castrejón Trujillo (PVEM), presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, presentó una iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 100 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR).

El objetivo es que las entidades federativas puedan expedir una legislación, en relación con la prevención y gestión integral, así como prohibir entregar determinados productos, envases, empaques y embalajes de plásticos y poliestireno expandido que al desecharse se convierten en residuos.

La iniciativa, turnada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, explica que con esta reforma las leyes estales tendrán correspondencia con la prevención y gestión integral de los residuos sólidos y contener prohibiciones sobre la entrega de determinados materiales plásticos que tardan mucho tiempo en degradarse.

En la exposición de motivos explica que el 40 por ciento de los residuos plásticos terminan en el ambiente y únicamente entre 5 y 10 por ciento de estos realmente se reciclan. Añade que para 2040, la industria del plástico planea utilizar el 19 por ciento del presupuesto de carbono de 1.5 grados.

Puntualiza que el costo de las externalidades de una tonelada de plásticos es de mil dólares, mientras que el flujo anual de este material hacia los océanos es de 11 millones de toneladas. Agrega que una tonelada de plástico emite 5 toneladas de CO2 y cada persona usa en promedio 46 kg al año.

“Una botella de plástico puede tardar hasta 500 años en degradarse completamente”, subraya la iniciativa.

Menciona que, a partir de la revisión de las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la materia, se desprende que las entidades federativas, a través de sus leyes locales, pueden aumentar las obligaciones o las prohibiciones que contiene una ley general.

Sin embargo, solamente la Federación tiene facultades para especificar qué materiales y actividades están prohibidos con motivo de la prevención y manejo integral de residuos, ya que la LGPGIR no prevé que las entidades federativas tengan esta facultad.

Por ello, es necesario respaldar la voluntad de las entidades federativas para establecer en sus legislaciones locales, mayores requisitos respecto a la prohibición de ciertos materiales para la prevención de la generación de residuos plásticos.

La diputada Castrejón Trujillo expone en su iniciativa que no se trata de estigmatizar materiales o de generar y declarar la guerra a algunos sectores productivos, cuya importancia resulta innegable para las inversiones, la creación de empleo y desarrollo nacional; sin embargo, es indispensable velar por el interés colectivo expresado en muchas leyes ambientales locales.

Foto: Cámara de Diputados