La diputada Joanna Alejandra Felipe Torres (PAN), integrante de la Comisión de Igualdad de Género, impulsa una iniciativa para reformar las leyes Federal del Trabajo y del Seguro Social, con el objetivo de garantizar los derechos laborales de las mujeres víctimas de violencia.

Las reformas a diversos artículos de ambas normas, plantean establecer que las trabajadoras víctimas de violencia tendrán derecho a la reducción de su jornada laboral, al cambio del centro de trabajo a solicitud de la trabajadora y a faltar al trabajo, lo cual será justificado si estas son motivadas por la situación física o psicológica derivada de la violencia determinado por una institución de salud.

Precisa que la trabajadora deberá regresar a su trabajo cuando las autoridades administrativas, ministeriales y órganos jurisdiccionales se hayan cerciorado de que la situación de riesgo o peligro de la víctima ha cesado.

“Ante la imposibilidad del cambio del centro de trabajo, el patrón deberá establecer la reserva del puesto de trabajo de la trabajadora víctima de violencia”, subraya.

El documento, remitido a las comisiones de Trabajo y Previsión Social, de Seguridad Social y de Igualdad de Género, refiere que la violencia es una causa de muerte e incapacidad tan grave como el cáncer entre mujeres en edad reproductiva.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), agrega, cada 15 segundos una mujer es agredida. Uno de cada tres hogares ha vivido episodios de violencia continuos en forma de maltrato emocional, intimidación, abuso físico y sexual (ENVIF del Inegi). Se estima que alrededor de 50 por ciento de las familias sufren o han sufrido alguna forma de violencia.

Resalta que México carece de normas que garanticen los derechos laborales de todas aquellas mujeres que son víctimas de violencia de algún tipo. Si bien es cierto que la Constitución, en su artículo 123, garantiza los derechos en igualdad de condiciones el derecho al trabajo, también es cierto que la legislación sustantiva laboral no prevé ciertas circunstancias fundamentales para garantizar el derecho de mujeres trabajadoras violentadas.

En la mayoría de los casos, añade, cuando las mujeres sufren de algún tipo de violencia y por la angustia que esto genera, se ven obligadas a cambiar de residencia, a modificar sus horarios laborales, a dejar de presentarse a su centro de trabajo, entre otras, y esto de ninguna manera garantiza la permanencia del empleo.

Por ello, la iniciativa tiene por objeto “plasmar en la legislación laboral distintos derechos de las mujeres víctimas de violencia de género, con la finalidad de garantizar este derecho fundamental por estas lamentables circunstancias”.