Las diputadas Nayeli Arlen Fernández Cruz y María del Carmen Pinete Vargas, del PVEM, plantearon reformas para que el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres contenga entre sus acciones transformar los modelos de atención de salud reproductiva desde una perspectiva de derechos humanos.

Ello, a fin de prevenir, atender y erradicar las conductas que permitan, fomenten y toleren la violencia contra las mujeres, para tales efectos la Secretaría de Salud fomentará y propiciará las condiciones para hacer efectivo el ejercicio de estos derechos.

También proponen modificaciones para que dicho programa contemple entre sus acciones educar y capacitar en materia de derechos humanos al personal encargado de la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, así como de la persona recién nacida, para que otorguen una atención materno-infantil con perspectiva de género y promuevan un parto humanizado, intercultural y seguro.

La iniciativa de las legisladoras plantea reformar el artículo 38 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y fue turnada a las comisiones de Igualdad de Género para dictamen y a la de Salud para opinión.

Refiere que en los últimos cinco años una de cada tres mujeres de 15 a 49 años que tuvo un parto en México sufrió algún tipo de maltrato por parte de quienes la atendieron, lo que “es una clara violación de sus derechos consagrados en la Carta Magna y en los tratados internacionales suscritos por México”.

Resalta que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha emitido diversas recomendaciones para que las instituciones del sistema nacional de salud implementen un “Modelo de Atención a las Mujeres durante el Embarazo, Parto y Puerperio con Enfoque Humanizado, Intercultural y Seguro”, a fin de garantizar la disminución de la morbilidad y mortalidad materno-infantil, y procurar una atención médica calificada, digna, respetuosa y con perspectiva intercultural y de género.

Agrega que “a las instituciones de salud corresponde diseñar y poner en práctica una política pública de prevención de violaciones a derechos fundamentales de mujeres en gestación que atienda las perspectivas de derechos humanos y de género. Se impulsen labores de capacitación y sensibilización al personal de salud de la atención gineco-obstétrica para contrarrestar prejuicios basados en la discriminación de las mujeres y para el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas”.

Indica que la Organización Mundial de la Salud también ha condenado rotundamente el maltrato físico, la humillación y la agresión verbal, los procedimientos médicos coercitivos o no consentidos (incluida la esterilización), la falta de confidencialidad, el hecho de no obtener el consentimiento plenamente informado, la negativa a suministrar medicación contra el dolor, las graves violaciones a la intimidad, entre otros.

Por ello, la propuesta de reforma de las legisladoras destaca la importancia de incluir en el marco normativo no solo la promoción de un parto humanizado, sino un enfoque basado en derechos humanos que evite el maltrato y la violencia contra la mujer en los servicios de salud reproductiva, con especial hincapié en la atención del parto y la violencia obstétrica.

“Es preciso eliminar las violaciones reiteradas en materia materno-infantil y establecer las condiciones para la humanización del parto y el respeto médico de las decisiones de las mujeres”, concluye.

Fotos: Cámara de Diputados