Fuente: EFE

Más de un centenar de personas se manifestaron hoy en la localidad texana de El Paso para protestar por la desprotección legal en la que se encuentran en EU cientos de miles de jóvenes indocumentados conocidos como «soñadores».

Durante la protesta, realizada en la Plaza San Jacinto, ubicada en el centro de esta ciudad colindante con México, algunos de los «soñadores» participantes dijeron que no están dispuestos a negociar la reanudación del programa DACA, que les ha protegido contra la deportación, a cambio de la construcción del muro fronterizo.

El programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), impulsado por el entonces presidente Barack Obama, ha protegido a más de 800 mil jóvenes de la deportación, pero el presidente, Donald Trump, ha fijado para marzo su conclusión a menos que el Congreso logre una solución que él vincula a la financiación del muro.

La fecha para que termine el programa es marzo. Después de eso, ningún ‘dreamer’ (soñador) puede quedar exento de quedarse aquí», dijo Fernando García, director ejecutivo de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos, organización que convocó la manifestación.

Aseguró que en lo que va de la administración del presidente Trump se han venido presentando una serie de acciones en contra de los inmigrantes y sus familias de manera sistemática.

Cada día que pasa hay más jóvenes expuestos a la deportación. 800.000 jóvenes que eran parte del programa DACA fueron excluidos por el presidente y puestos en manos de inmigración, literalmente», agregó.

Unos dos mil estudiantes de nivel superior de El Paso son indocumentados, entre los cuales hay beneficiados con el programa DACA.

El pasado septiembre, cuando anunció la derogación del programa DACA, el presidente Trump dio al Congreso seis meses para presentarle una solución para estos indocumentados.

Los estudiantes beneficiados por DACA ganaron una orden judicial que bloqueó temporalmente la decisión de la administración Trump de finalizar el programa en marzo.

La medida temporal alivia un poco el temor a la deportación y permite a los beneficiarios del programa renovar sus permisos, pero no despeja totalmente el peligro de una deportación futura a menos que se dé una solución en el Congreso.