Antes de concluir este año, la Plataforma Digital Nacional (PDN) estará lista en tres de los seis sistemas que exige la ley y se convertirá así, en una herramienta muy potente para detectar actos de corrupción y combatir a fondo este flagelo.

Enrique Zapata, titular de la Unidad de Servicios Tecnológicos y Plataforma Nacional Digital de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA), encargado de desarrollar esta herramienta, destacó que la idea es que los datos estén interconectados.

Ésto quiere decir que antes de concluir 2018, estará completa la información de los Sistemas de servidores públicos que intervienen en contrataciones; Servidores públicos y particulares sancionados; y el de Información Pública de Contrataciones.

Posteriormente hacia agosto de 2019 estará lista la información del Sistema de evolución patrimonial, es decir, la conocida “Declaración 3 de 3”.

La gran mayoría de esa información ya está disponible en bases de datos y estructuras; sólo hace falta interconectarlos y darles una estructura lógica que puedan seguir los usuarios para traducirse en datos útiles para la sociedad.

Y ese es, precisamente, el reto que, según los especialistas, enfrenta la Plataforma: la interconectividad. Es decir, que la información sea manejable, útil y que se pueda acceder a los diversos sistemas de información con filtros prácticos, que den por resultado un combate concreto a la corrupción.

Si –por ejemplo– alguien es vecino de un comisionado del INAI, conoce su salario porque es un dato público y de pronto observa que el comisionado tiene un auto de lujo, fiestas frecuentes y, en general, un tren de vida que no corresponde a su ingreso, esa persona pueda documentar la corrupción.

En este contexto, Joel Salas Suárez, comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), explica así la utilidad práctica de esta Plataforma la cual, dijo, “sería un error pensar que parte de cero”.

Desde su promulgación en julio de 2016, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción exige que la Plataforma cuente con la información completa, a nivel nacional, referente a seis sistemas:

El Sistema de evolución patrimonial, que incluya las declaraciones fiscal, de ingresos y de intereses de los servidores públicos, conocida popularmente como la “3 de 3”.

También los Sistemas de servidores públicos que intervienen en contrataciones; de servidores públicos y particulares sancionados; Nacional de fiscalización; de denuncias sobre corrupción, y de Información Pública de Contrataciones.

Se trata de un entramado que ya lleva un adelanto importante, por lo que, en opinión de Salas Suárez, el futuro gobierno que obtuvo el voto popular precisamente por su bandera anticorrupción, no tendrá que encontrar el hilo negro.

“A diferencia del pasado, hoy tenemos un sistema normativo que permite que los hilos se hilvanen y que empiecen a construir el traje. El problema es que el sastre –en términos del tiempo presente—estuvo un poco ausente”.

Con este criterio coincide la Secretaría de la Función Pública en su “Análisis de Modelo de la Plataforma Digital Nacional”, documento entregado a principios de año al Secretariado Técnico del Sistema Nacional Anticorrupción, organismo encargado de implementar la Plataforma.

El documento establece que la planeación estratégica debe realizarse con claridad sobre las etapas, lógica secuencial de los procesos y recursos necesarios y, por supuesto, la interconexión de datos.

“Se vuelve imperioso plantear de forma detallada y definiendo tramos de responsabilidad, una ruta crítica de trabajo que establezca los pasos a seguir”, detalla el texto, donde también se reconoce que no se parte de cero, pues ya hay camino adelantado.

Al respecto, Enrique Zapata es claro en señalar que en términos de diseño, se busca que la plataforma sea modular, escalable y flexible, para que no termine por convertirse en un simple sitio electrónico o en un conjunto de bases de datos.

Por el contrario, debe servir a periodistas, organizaciones de la sociedad civil, la iniciativa privada, la academia y a usuarios gubernamentales para proveer una visión de mayor valor público.

Sobre este último tema, el comisionado Salas Suárez agregó que el nuevo gobierno tiene una gran ventana de oportunidad, al hacer valer esta plataforma como una herramienta central para convertir su discurso en hechos. Es decir, que el combate a la corrupción se vea reflejado en acciones.

Si bien la PND está en construcción, es evidente que hay voluntad de construirla como un ente vivo, autónomo y capaz de evolucionar como una herramienta fundamental en el combate a la corrupción, de la cual se apropien los ciudadanos.