La senadora Geovanna Bañuelos de la Torre impulsa una iniciativa que busca fortalecer los requisitos para expedir licencias de portación de armas de fuego a las personas que brindan servicios de seguridad privada.

Bañuelos de la Torre propuso reformar la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, con el objetivo de que quienes se dediquen a esta actividad no representen una amenaza para la seguridad pública de las y los mexicanos.

En México hay un amplio debate sobre la necesidad de regular de mejor manera a las empresas de seguridad privada, cuya presencia creció desde hace al menos dos décadas. Uno de los elementos para el crecimiento descontrolado de dichas empresas, apuntó la legisladora, es la falta de un marco general para su regulación en todo el territorio nacional.

La senadora del PT sugirió que todo el personal operativo que, para el desempeño de sus funciones, utilice armas deberá contar con constancia de no antecedentes penales y aprobar pruebas de aptitud psicológica, al menos una vez al año, realizadas por profesionales certificados de la Secretaría de Salud.

También propuso que las personas morales del sector, que quieran obtener licencias colectivas para la portación de armas, tienen que contar con la Opinión de cumplimiento de Obligaciones Fiscales emitida por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Este nuevo requisito busca brindar condiciones de mayor certidumbre y legalidad en el gremio de la seguridad privada, que durante años ha carecido de una regulación apropiada que establezca incentivos correctos para asegurar la formalidad y legalidad en la operación de diversas empresas, apuntó la legisladora.

También, para solicitar una licencia se deberá contar con la opinión favorable de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana sobre la justificación de la necesidad de la portación del armamento, y los límites en número y características de las armas, así como lugares de utilización, añadió.

Geovanna Bañuelos de la Torre planteó que los titulares de licencias colectivas informen la baja de armamento y la entreguen a la Secretaría de la Defensa Nacional para su destrucción y, en caso de robo o extravío, dar aviso en un plazo no mayor a 10 días.

La iniciativa fue turnada directamente a las comisiones unidas de Seguridad Pública; y de Estudios Legislativos.