Durante el último foro del Parlamento Abierto para la Reforma Electoral, organizado por la Junta de Coordinación Política (Jucopo), legisladoras y legisladores, expertos y funcionarios dialogaron respecto a la eliminación de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) y de los tribunales locales.

A lo largo de un mes se realizaron 26 foros en los que participaron 137 ponentes en alrededor de 57 horas de trabajo, aportando información sobre el sistema electoral que servirá para el análisis que las y los legisladores realicen en torno a las 42 iniciativas que se han presentado en la materia.

Participación de diputadas y diputados

La presidenta de la Comisión de Reforma Política-Electoral, Graciela Sánchez Ortiz (Morena), señaló que se defiende con vehemencia a los OPLES, pero “no escuchamos autocríticas; la democracia no la construyen los organismos y menos sus representantes”. Inquirió si es posible desaparecer gradualmente los OPLES y los tribunales locales en función de su desempeño y carga de trabajo y, en su caso, instaurar procesos temporales administrativos y jurisdiccionales.

El diputado Leonel Godoy Rangel (Morena) consideró pertinente una reforma electoral, porque desde el punto de vista de la temporalidad han pasado 8 años entre la anterior reforma y la propuesta actual, por lo que es necesaria una revisión.

“Queremos una reforma con diálogo y aportaciones. No desaparecer al INE, sino hacer modificaciones”. También preguntó si es posible realizar las elecciones en comunidades indígenas sin los Organismos Electorales Locales.

El diputado Benjamín Robles Montoya (PT) se refirió a la forma de contrapesos constitucionales que la LXV Legislatura deba seguir para nombrar funcionarios electorales, consejeros y magistrados; si debe quedar en la facultad de los congresos la designación del único magistrado o magistrada del tribunal unitario electoral y cuál es la importancia de establecer un tribunal electoral indígena en Oaxaca.

La diputada Blanca Alcalá Ruiz (PRI) dijo que en un país federalista es fundamental escuchar los planteamientos de los actores electorales locales. “Se escucharon propuestas que serán tomadas en cuenta para hacer una legislación más adecuada y pertinente para los tiempos que vivimos”. Agregó que el debate no concluye, sino que se extiende al análisis que realizará la Cámara.

Raymundo Wilfrido López Vásquez, magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, advirtió que los tribunales electorales estatales, integrados por cinco magistrados, en algunos casos únicamente conocen alrededor de seis juicios, por lo que son sostenidos sin prestar un servicio a la comunidad, lo cual representa un gasto.

Pidió no olvidar en estos debates a los pueblos y comunidades indígenas, así como crear un tribunal indígena para su entidad, además de fortalecer la Dirección de Sistemas Normativos Indígenas. Dijo que en estos ocho meses del año han hecho de su conocimiento mil 545 asuntos, mientras que en otras entidades llevan menos de 20 casos.

Precisó que Oaxaca tiene más de 10 comunidades indígenas que eligen a sus comunidades por usos y costumbres, sin necesidad de intervención o validación por parte del Consejo General de un Instituto Electoral, por lo que sería una violación a la autonomía de los pueblos indígenas y a su derecho a autogobernarse.

Puntualizó que los magistrados son cargos designados, no son empleados de nadie, pero la soberanía tiene el derecho de desaparecer o transformarlo. Sugirió establecer un diálogo con los trabajadores de dichos tribunales para resolver las liquidaciones.

Brenda Canchola Elizarraraz, consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, resaltó el lado humano de los tribunales electorales, pues en época de procesos de elección todos los días y horas son hábiles, situación que implica un despliegue de capacidades y facultades de quienes prestan su servicio al interior de estas instituciones y que es infravalorado porque raramente se habla del estrés y esfuerzo sobrehumano a que están expuestas, por lo que advirtió que en caso de desaparición se tendría que prescindir de toda la experiencia y capital humano que se ha ganado a través de estos años.

Aclaró que los organismos electorales locales no tienen atribución de hacer propuestas, pero sí aportar los datos reales acerca de sus actividades, además de que pueden detectar áreas de oportunidad. Destacó que una de las cosas más caras son las boletas para votar, por lo que podría explorarse la opción de las urnas electrónicas. Agregó que cada entidad tiene realidades completamente distintas, pero se pueden valorar aspectos generales.

La consejera presidenta del Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro, Grisel Muñiz Rodríguez, apuntó que los OPLES garantizan desde lo local el avance de la democracia y el ejercicio de los derechos políticos-electorales.

Planteó que esta reforma debe apostar por salvaguardar la paridad, la certeza, la legalidad, la independencia, la imparcialidad, la eficacia, la objetividad, el profesionalismo, la máxima publicidad y la austeridad institucional, sin detrimento en la calidad de las elecciones ni de la educación cívica.

Paula Ramírez Höhne, consejera presidenta del Instituto Electoral de Participación de Jalisco, dijo que la iniciativa presentada es una fórmula para que los estados dejen de administrar y organizar sus elecciones, que carezcan de autoridades jurisdiccionales y renuncien a sus facultades de determinar la dimensión de sus congresos, la composición básica de sus ayuntamientos y organizar su régimen interior, como lo señala la Constitución. Consideró que no es conveniente extinguir autoridades electorales locales administrativas y judiciales.

Añadió que los OPLES han analizado las iniciativas en esta materia desde los principios fundadores de la República para dar datos de la realidad que viven las entidades y que, en los últimos ocho años, han hecho posible la elección de 55 mil 336 cargos de elección popular, 55 gubernaturas, tres mil 296 diputaciones locales y casi seis mil presidencias municipales.

Sergio Arturo Guerrero Olvera, magistrado de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, afirmó que no hay buenas razones para desaparecer los Organismos Públicos Electorales y los tribunales locales ni para elegir a los funcionarios electorales a partir de una elección popular.

Subrayó que más que realizar una reforma electoral se debe generar una justicia transicional que permita reforzar el área que lo requiera como el dinero ilícito en las campañas, la justicia de comunidades indígenas y las personas con discapacidad.

A su vez, Beatriz Adriana Camacho Carrasco, consejera presidenta de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, mencionó que los 32 OPLES trabajan de manera permanente, porque la participación ciudadana no se construye en la jornada electoral, sino que se trabaja por etapas; en los OPLES se promueve el ejercicio de los derechos políticos, que son pilar de la democracia.

Comentó que la composición de los consejos electorales debe ser plural. “En Nuevo León, por ejemplo, se ha discutido la creación de un grupo de acompañamiento para hacer exámenes de conocimientos, entrevistas, así como determinar los perfiles idóneos para garantizar imparcialidad”. Agregó que se debe recordar que desde los organismos democráticos se han logrado avances en materia de equidad, transparencia y legitimación de los procesos.

Mireya Gally Jordá, consejera presidenta del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, resaltó que la cercanía de los OPLES con la ciudadanía permite conocer las características, inquietudes y particularidades de cada entidad para trabajarlas en el ámbito democrático.

Además, en los OPLES se implementan acciones afirmativas, que es la forma de garantizar que todos los actores de la sociedad tengan representación en los órganos gubernamentales.

Arturo Espinosa Silis, consultor, litigante y analista en temas electorales y constitucionales, mencionó que la eliminación de los OPLES no es oportuna, pues generaría desbalance en el sistema. Propuso homologar criterios presupuestales entre las autoridades electorales, una mejora regulatoria al interior de los institutos y una fiscalización del gasto. Afirmó que la justicia electoral local no es prescindible, pero podría ser temporal.

Mariana Calderón Aramburu, consultora en fortalecimiento de las instituciones, Estado de derecho y protección de los derechos humanos, afirmó que eliminar a los Organismos Públicos Locales es un riesgo costoso y planteó la necesidad de fortalecerlos con una asignación presupuestal objetiva. Refirió que los OPLES construyen ciudadanía a nivel local, por lo que pidió no eliminar instituciones que han demostrado servir.

El abogado especialista, Eric Guerrero Luna, dijo que se debe centrar la discusión en la organización electoral y garantizar la equidad de la contienda de los participantes. Expresó que es necesario cambiar el marco legal y la visión de los procesos electorales para generar una democracia que dé certeza jurídica a los actores y a los procesos electorales.