Desde el inicio de la guerra contra el narcotráfico en la frontera norte se ha observado que los jueces en las cortes de migración rechazan cerca del 98% de las solicitudes de asilo político. En su mayoría, los casos suscitados desde 2008 han sido de personas que huyen de la violencia y el crimen organizado.

El argumento es que el asilo político solo podía darse a personas con miedo a regresar a su país por sus acciones o afinidades sociales, políticas, religiosas o raciales. La condición especial por razones de tortura solo contempla la acción del Estado, por lo que las persecuciones orquestadas por cárteles calificaban como “violencia común y corriente”.

A este tipo de omisiones se les conoce como “crimen autorizado”, concepto con el que se explican una serie de acciones ilegales que, no obstante, son validadas por el Estado como parte de su funcionamiento cotidiano. Dicho fenómeno fue desarrollado en un libro del mismo nombre y reflexionado durante una presentación organizada por la Ibero Puebla.

El concepto ya había sido utilizado en las regiones dominadas por los grupos delictivos. El abogado migratorio Carlos Spector lo retomó para construir una teoría que permita explicar ante las cortes estadounidenses la compleja situación que viven aquellas personas disidentes de los regímenes del narcotráfico.

Las investigaciones para asistir a las víctimas implicaron profundos análisis de la cultura criminal de cada región, especialmente de los pueblos y comunidades pequeñas. “La ausencia del Estado es, de alguna manera, el consentimiento del mismo. Mediante el concepto de ‘crimen autorizado’ hemos comprobado ese nexo entre la criminalidad y el Estado”, explicó el jurista y colaborador del texto.

La relación entre el poder político y el criminal se establece de manera estructural. Como explicó Samuel Schmidt, autor de Crimen autorizado, el sistema es abordado a través de numerología, no del escrutinio; de ahí la necesidad de visibilizar que, ante la orden explícita del Estado, la actividad delictiva deja de serlo. Además, cuando el crimen se conecta con el Estado va suplantando algunas funciones gubernamentales.

Uno de los elementos fundamentales del poder político es infundir miedo para que el poder pueda realizar sus acciones a placer. “La doctrina del shock funciona para los neoliberales porque aterroriza a la sociedad. Eso hace el crimen cuando cuelgan cuerpos. Atrás de esto, siempre está el Estado”.

El crimen autorizado penetra en diferentes rincones de la sociedad porque tiene la venia del Estado. Si bien esto mina los estándares de gobernabilidad, también genera una estabilidad perversa. “El crimen organizado le sirve al Estado, pero no puede haber democracia con crimen autorizado”.

El rechazo a las solicitudes de asilo político, retomó Spector, se traduce como un crimen autorizado binacional entre México y Estados Unidos que busca ocultar las graves violaciones a los derechos humanos que se viven en zonas colindantes. Esto propició el encarcelamiento de personas, separación de familias y deportación masiva de migrantes, especialmente en la gestión de Trump.

Schmidt reflexionó sobre la imperante perspectiva de que existe una moral resquebrajada en el mundo. Para el escritor, cuando la sociedad protesta es porque el tejido social es sólido. Ante esto, infirió que el problema tiene que ver con lo político, pues todas las instancias de representación implican una gestión de poder. Ante la inhabilidad de ejecutar esta tarea, el tejido político ha avasallado al social a través de su colusión con el crimen organizado.

En México hay una crisis de valores cívicos debido a la disonancia cognitiva que provoca la impunidad de los delitos. La cultura de la legalidad en México está diseminada, pues las personas se han visto obligadas a recurrir a la influencia como forma de acceder a la justicia.

Para reconstruir el orden social es importante que los grupos de derechos humanos en México tengan presencia en las zonas en las que se presentan las violencias para que se pueda desarrollar una comunidad de apoyo que contribuya a desentramar el sistema criminal e impulse la cultura de la denuncia ciudadana.

Crimen autorizado dedica unas páginas al asunto de las remesas. La mayor parte de los mexicanos que viven en Estados Unidos trabaja por menos del salario mínimo (cerca de cinco dólares la hora). El alza en el ingreso de estas podría deberse a que el dinero del narcotráfico es incluido en estas estadísticas a través de operaciones mayúsculas de lavado en ambos lados del río Bravo.

Las suspicacias se potencian cuando se observa que en 2020, en medio de la pandemia, los ingresos por remesas alcanzaron un máximo inusitado. “Hay un problema de lavado de dinero muy serio. El gobierno de Estados Unidos se hace el muerto porque no quiere descontrolar la estabilidad económica mundial”, concluyó el autor.