Una jueza británica ratificó este martes una orden de arresto contra el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, con lo cual su situación legal no cambia luego de más de cinco años de permanecer refugiado en la Embajada ecuatoriana en Londres.

La jueza Emma Arbuthnot rechazó la solicitud de revocación de la orden basado en que Suecia ya no lo requiere para interrogatorio.

«No estoy convencida de que se deba retirar la orden», afirmó Arbuthnot a los abogados, periodistas y partidarios de Assange reunidos en la Corte de Magistrados de Westminster.

Conocido el fallo, el abogado defensor, Mark Summers, solicitó una nueva audiencia para presentar otros argumentos, a lo que la jueza no accedió de inmediato.

Assange se encuentra refugiado en la Embajada de Ecuador en Londres desde junio de 2012 para evitar la extradición a Suecia.

Los fiscales del país escandinavo investigaban denuncias de ataque sexual y violación presentadas por dos mujeres en 2010.

Los fiscales suecos desestimaron el caso el año pasado debido a que, dijeron, no había perspectivas de llevar a Assange a Suecia en el futuro previsible. Pero aún rige la orden de arresto británica por fuga estando bajo fianza en 2012.

De haber fallado la jueza a su favor, Assange hubiera podido abandonar la Embajada sin ser arrestado.

Pero el activista sospecha que existe una acusación secreta en su contra por parte de Estados Unidos por difundir documentos secretos, y que las autoridades estadounidenses pedirán su extradición.

Días antes, Ecuador informó que le había otorgado la ciudadanía a Assange y pidió a Gran Bretaña que le reconociera el estatus diplomático.

Londres se negó y declaró que la manera de resolver el asunto era que Julian Assange saliera de la Embajada para enfrentar la justicia.

Los fiscales británicos se opusieron a revocar la orden, señalando que el acusado no debe gozar de inmunidad porque ha logrado evadir la justicia por mucho tiempo.

La abogada Rebecca Niblock informó, antes de conocerse el fallo, que el argumento legal era muy débil.

«Huir estando bajo fianza es insultar la autoridad de la corte», afirmó la defensora al asegurar que difícilmente aceptaría el tribunal la solicitud de revocación.