El ajuste presupuestario al Poder Judicial Federal (PJF) es una acción «irreflexiva e injustificada» que no sólo pondrá en riesgo algunas de las prestaciones que tienen los servidores públicos que trabajan en el circuito judicial, sino que también lo harán en contra de la población mexicana poniendo en riesgo sus derechos humanos, así lo advirtió el Grupo Integral de Derechos Humanos (GIDH) «Lex-magister».

Su presidente, Jesús Rey Fierro Hernández resaltó que «esta acción afectará de manera directa el derecho constitucional sobre el acceso a la justicia en igualdad de condiciones para todos los mexicanos; es necesario que los legisladores federales actúen con responsabilidad en su papel de representantes de la nación y al garantizar sus derechos humanos».

Fierro Hernández, reconocido con el Premio Nacional de Derechos Humanos 2017, advirtió que esta acción afectará gravemente a la Defensoría de Oficio, un recurso fundamental que permite a personas necesitadas y en situación de vulnerabilidad acceder a la justicia. «Este recorte pone en riesgo la igualdad de condiciones en el acceso a la justicia, una situación muy grave».

Fierro Hernández resaltó que el recorte también impactará los derechos de los trabajadores del PJF al eliminar fideicomisos relacionados con obligaciones patronales, como las laborales y de seguridad social, abarcando temas como pensiones, vivienda y salud. Esta medida afectaría a los empleados que han adquirido estos derechos.

El abogado litigante explicó que la Constitución de México establece la división de poderes como un mecanismo crucial para el correcto ejercicio de sus atribuciones en beneficio de los ciudadanos. «El Poder Judicial Federal tiene la misma jerarquía que los poderes Legislativo y Ejecutivo, y no debe estar subordinado a ninguno de ellos. Su función es garantizar el acceso a la justicia en múltiples áreas del derecho para todos los ciudadanos».

El doctor en derecho recordó que en la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2022, «los diputados redujeron el monto solicitado por el Instituto Nacional Electoral (INE) en un 26%, lo que generó una controversia constitucional.

La sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dictaminó que la Cámara de Diputados no puede diluir o desaparecer la autonomía presupuestal de órganos autónomos, como el INE. Reducciones similares al presupuesto del PJF plantean riesgos para su autonomía presupuestal».

Fierro Hernández resaltó que cualquier modificación al presupuesto del PJF debe estar debidamente motivada y respaldada por argumentos objetivos, razonables y públicamente expuestos en el dictamen correspondiente.

«Dado que la elaboración del proyecto de presupuesto del PJF es de naturaleza técnica, los legisladores deben aplicar un estándar de motivación más riguroso, demostrando que los cambios propuestos no afectarán las competencias constitucionales del PJF y que abonarán para garantizar los derechos fundamentales de las personas.