Si bien la determinación del Congreso local se está alineando a la misma normativa que ha tenido la Ley Federal, es decir, que la gobernadora electa pueda rendir protesta en otro sitio que no sea en el Poder Legislativo, en este caso en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ahí no hay nada que cuestionar, lo que sí llama la atención es que frente a un conflicto por el proceso electoral, ahora les haya surgido la necesidad de hacerlo cuanto antes, sentenció Fernando Fernández Font.

El rector de la Ibero Puebla, asentó que ello cobra mayor notoriedad, cuando el propio Congreso del estado ha estado “muy a modo” de los intereses políticos, es decir, llama a la reflexión si esta nueva decisión deja otra vez de lado los intereses de la ciudadanía, al responder a intereses particulares.

Relató que existe una historia en torno al quehacer de la actual legislatura local, pues resulta evidente a quién ha servido al final de cuentas, por lo que esta determinación se puede prestar para muchas interpretaciones, aunque la lectura lógica que se puede hacer es un “blindar” a una situación que se puede venir un tanto conflictiva y que se evite ello.

“La realidad es que no ha habido un cambio claro en el ejercicio del poder, en ese sentido, el Congreso habrá de precisar a quién responde y cuáles son sus intereses que tiene de por medio”.