El restablecimiento del Estado de Derecho, de la gobernabilidad democrática, así como de la política de justicia social y de combate frontal a la corrupción de este gobierno de la Cuarta Transformación, que encabeza el gobernador Miguel Barbosa Huerta, logró disminuir en un 46.6 por ciento el número de actos de justicia por propia mano y aumentar a 96 por ciento el número de personas rescatadas de estos eventos, subrayó el secretario de Gobernación, David Méndez Márquez.
En reunión virtual para la revisión y actualización del Protocolo de Actuación para Casos de Intentos de Linchamiento en el Estado, impulsada por la subsecretaría de Gobierno, participaron el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla, encabezado por su presidente ejecutivo, Armando García Pedroche e Israel Salomón Huerta, subcoordinador de Análisis de Inteligencia del Informe de Linchamientos «Justicia por propia mano: Análisis de los Linchamientos en el Estado de Puebla», quien admitió que este es un fenómeno multifactorial que lastima a la sociedad.
En este sentido, el secretario Méndez Márquez destacó que, para este gobierno es fundamental el respeto a la vida, a los derechos humanos de todas y todos los poblanos y la reconstrucción del tejido social en la entidad.
Apuntó que, producto de este trabajo, se ha reducido de manera considerable el número de linchamientos en este año, en comparación con los registrados en 2018 y 2019, pues del 1 de enero al 13 de diciembre de este año se registraron 142 eventos, 46.6 por ciento menos que los 266 del año pasado, y 38.8 por ciento respecto a los 232 del año antepasado.
Asimismo, resaltó la disminución en 55 por ciento en el número de personas que han perdido la vida en este tipo de eventos, pues mientras que en este año fueron reportadas nueve defunciones, en los dos años anteriores fueron 20.
Enfatizó, además, que el número de personas rescatadas en estos eventos también aumentó de 94.2 por ciento en 2018 y 94.3 por ciento en 2019, a 96 por ciento en 2020.
Durante la reunión, hicieron aportaciones para tratar este fenómeno el personal de la Fiscalía General del Estado (FGE), de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), del Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C5), la Secretaría de Salud y las direcciones generales de Análisis Político y de Delegados de la Secretaría de Gobernación.
