El diputado Manuel Rodríguez González (Morena), presidente de la Comisión de Energía, afirmó que la eventual reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, tiene por objeto fomentar un mercado de competencia igualitario que reconozca la generación de energía eléctrica a partir de energías limpias para todos los generadores y bajo condiciones equitativas.
En un comunicado, donde se refiere al proyecto de dictamen que responde a la iniciativa preferente del Presidente de la República, resaltó que la propuesta plantea “el rescate y fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), garantizando la confiabilidad y seguridad del sistema eléctrico nacional, así como mantener las tarifas bajas conforme a los intereses de la nación y en beneficio de los usuarios finales».
Al presentar el proyecto de dictamen que reforma la Ley de la Industria Eléctrica durante la decimotercera reunión de la Comisión de Energía, Rodríguez González expresó que el cambio normativo de ninguna manera implica la concesión de un trato preferencial a la CFE. «Se estima importante reivindicar el origen de la empresa productiva del Estado», agregó.
Además, manifestó el proyecto de dictamen tiene como propósito garantizar el orden de la prioridad del despacho mediante la operación de las centrales eléctricas en el actual contrato legado de la CFE y con el diseño de un nuevo contrato de entrega física de energía y capacidad a la red para quedar sujeto al orden que se detalla a continuación:
“Primero, energía producida por las hidroeléctricas; segundo, energía generada en otras plantas de la CFE; tercero, energía eólica o solar de particulares, y cuarto, ciclos combinados de empresas privadas».
Explicó que lo anterior toma relevancia si se considera que el sistema actual de despacho eléctrico en el mercado eléctrico mayorista mexicano está basado en un modelo de costos que no reflejan los costos totales de generación, donde el criterio de decisión del despacho sólo considera los costos variables, aun cuando la ley se refiere al concepto de costos de producción.
El dictamen plantea también eliminar la obligatoriedad de cobertura de energía y capacidad a través de subastas, porque actualmente impide al suministrador de servicios básicos, contar con coberturas de energía y capacidad en grandes volúmenes y suficientes, lo anterior debido a que la energía que en mayor proporción puede ser contratada al día de hoy, es a través de energías intermitentes, lo cual constituye un privilegio más para los privados, siendo un generador de plusvalía absolutamente desproporcionada.
Por otra parte, expuso que las centrales de generación de la CFE proporcionan el respaldo, sin ser retribuido, “lo cual evidencia que se trata de un régimen de excepción absolutamente inadmisible e incompatible con el paradigma del Estado constitucional de derecho”.
Añadió que el órgano dictaminador reconoce que el Estado de derecho debe prevalecer en todos los ámbitos y actos del poder público, y por tanto la teoría de la causalidad en el derecho es esencial para la aplicación de la norma y que los actos administrativos deben respetar los principios constitucionales y legales.
El legislador contextualizó que como parte de los trabajados de dictaminación, con fecha 11 y 12 de febrero se llevó a cabo el foro de Parlamento Abierto por esa Comisión, a través de dos mesas temáticas: “Energía eléctrica” y “Energías renovables y transición energética”.