La senadora Olga Sánchez Cordero, presidenta de la Comisión de Justicia, destacó que el Congreso de la Unión trabaja para actualizar y fortalecer herramientas jurídicas, como en un dictamen enfocado a eliminar vacíos jurídicos, que propician escenarios en los que los delincuentes logran evadir la justicia y perpetrar la impunidad.

En el foro “Garantizando los derechos humanos, asistencia y protección a víctimas de trata”, expresó que, en un dictamen, próximo a presentarse ante el Pleno del Senado, se establecieron las “relaciones análogas” que no se contemplaban, como el matrimonio y concubinato.

Lamentó que en pleno Siglo XXI persista la explotación en México y el mundo, la cual se nutre de la desigualdad, pobreza, impunidad e injusticia; y una esclavitud clara, afirmó, es la trata de personas, la cual afecta a más de 140 países de origen, transito o destino.

Sánchez Cordero mencionó que uno de los mayores retos de este fenómeno es medir su magnitud real.

Dijo que de acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, cada año existen 2.5 millones de víctimas de trata en el mundo más. “Desafortunadamente sólo se identifica a una de cada 20 personas, porque este problema no es visible, esta invisibilizado porque se da en la clandestinidad”.

Expresó que otro de los retos es la protección a las víctimas, porque no sólo se trata de castigar a los culpables, sino de brindar asistencia y acompañamiento especializado, efectivo, asesoría legal, protección física y psicológica a quienes enfrentaron este ilícito; este tipo de foros nos ayuda a continuar con la agenda pendiente en esta materia y poner en perspectiva los avances obtenidos.

Beatriz Paredes Rangel, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe, señaló que una de las vertientes más socorridas para realizar la trata de personas es la que se relaciona con el movimiento ilegal de migrantes y, en esa primera etapa, sus víctimas son fundamentalmente de países de América Latina.

Indicó que en el caso de quienes son rescatados de ese delito deben tener certidumbre del mejor trato posible en sus derechos humanos, así como esfuerzos de la sociedad y de instituciones para la reinserción laboral de adultos, y con espacios de protección y escolarización en el caso de infantes.

A su vez, Ana Lilia Herrera Anzaldo, presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, de la Cámara de Diputados, comentó que vergonzosamente México ocupa uno de los primeros lugares en este flagelo, sobre todo en menores con fines de explotación sexual y mendicidad.

Refirió que, en 2021, la Comisión Nacional de Derechos Humanos reportó que la Unidad de Inteligencia Financiera reportó mil 83 asuntos relacionados con lavado de dinero, vinculados a este delito. De éstos, dijo, 530 fueron asuntos de trata, 482 de explotación sexual, 28 de explotación laboral, 19 por tráfico de órganos, dos por adopción ilegal y 21 por corrupción de menores.

Por su parte, el Magistrado Ricardo Garduño Pasten, afirmó que la solución de los grandes problemas compete a todos y se deben realizar leyes que sean claras, pero la actual política pública no es suficiente para atacar ese problema y por eso es urgente legislar en materia de trata de personas.

Aseveró que, con relación a este delito, México firmó instrumentos internacionales “que nos vinculan a legislar y la iniciativa correspondiente que se impulsa en el Congreso de la Unión, cumple con los estándares internacionales, porque estamos hablando del negocio más lucrativo: la trata de personas, después del narcotráfico”.

Emmanuel Reyes Carmona, presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, expuso que desde el Congreso se trabaja para impulsar instrumentos legislativos, para que se conviertan en políticas públicas en beneficio de las víctimas de este flagelo. Por lo que continuaremos gestionando recursos y presupuesto necesario para garantizar que se erradique la trata de personas.

Denisse López Alvirde, experta en seguridad y trata de personas, mencionó que este delito es un fenómeno ligado a la migración, la economía ilegal, pobreza y la delincuencia organizada.

“Celebramos la propuesta de ley, para que se centre en las víctimas y se les de protección integral, además que el personal que investiga este delito cuente con capacitación en derechos humanos y perspectiva de género”.

Foto: Senado