El registro de niñas, niños y adolescentes es un derecho llave, “si una persona no tiene nombre, se dificulta considerablemente su acceso a otros derechos”, señaló la encargada de despacho de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), Constanza Tort San Román.

Es derecho llave –continuó– porque a partir de su registro, una niña o un niño puede acceder a otros derechos que garantizan las autoridades como servicios médicos y de vacunación; alimentación y educación, entre otros.

Constanza Tort San Román afirmó durante la Sesión Permanente de la Comisión de Secretarías Ejecutivas de Protección Integral de los Sistemas Nacional y de las Entidades Federativas, que hay un subregistro de la niñez, pues de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), “seis de cada 10 personas que no tienen registro son niñas y niños, por ello es un tema fundamental”.

Durante la exposición denominada ‘Propuestas para avanzar en la garantía del registro universal y gratuito de niñas, niños y adolescentes’, la directora de Melel Xojobal A.C. e integrante del Sipinna, Jennifer Haza Gutiérrez, manifestó que, aunque el derecho a un nombre está plasmado en el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la práctica hay obstáculos para el registro.

Entre ellos mencionó dificultad de contar con los documentos necesarios, cobros y requisitos indebidos, oficinas de registro remotas, trato discriminatorio a familias indígenas, rechazo las constancias de alumbramiento expedidas por parteras tradicionales o dilación en los procesos por falta de personal o recursos en las oficialías.

Planteó ante las y los secretarios ejecutivos de los Sipinna de las entidades varias propuestas legislativas y administrativas para las que solicitó su apoyo institucional.

Algunas de éstas son reducir al mínimo indispensable los requisitos para el registro; instalar módulos de registro civil en hospitales, clínicas y centros de salud materno infantiles; establecer unidades y brigadas móviles en comunidades con mayor rezago en registro de nacimientos, y establecer mecanismos eficientes para el canje inmediato de constancias de alumbramiento expedidas por la partera por certificados de nacimiento.

Asimismo, Jennifer Haza Gutiérrez insistió en que los estados deben eliminar la visión recaudatoria de impuestos y adoptar una garantista de derechos en la expedición de actas de nacimiento, lo que implica la eliminación de cobros por registro extemporáneo y documentos asociados, como constancias de inexistencia al registro en leyes de ingresos o derechos estatales.

Finalmente, Haza Gutiérrez urgió a que los estados doten de presupuesto suficiente a las oficinas de Registro Civil para evitar impedimentos o retrasos por falta de papelería oficial, personal o instalaciones adecuadas.