CIUDAD DE MÉXICO.-
Esperado por gran parte de la fuerza laboral en México, ya que representa un ingreso extraordinario independiente de sueldos y salarios, el reparto de utilidades es una prestación laboral a la que la mayoría de los trabajadores tienen derecho, y un deber que los patrones deberán cumplir este 2020, aún durante la emergencia sanitaria por la que transita el país.
Deberá ser durante el período comprendido entre los meses de mayo y agosto cuando las empresas paguen por este concepto a sus colaboradores y ex colaboradores con derecho a recibirlo, ya que la fecha límite para otorgar las utilidades corresponde a los 60 días naturales posteriores a la fecha en que la empresa presentó su declaración anual de impuestos ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), explicó el Mtro. Enrique Luna Gutiérrez, Coordinador de la Licenciatura en Contador Público Internacional en CETYS Universidad Campus Mexicali.
El SAT establece que durante los meses de marzo y abril de cada año, todas las personas morales y físicas respectivamente, deben presentar su declaración anual. Sin embargo, añadió el académico, ante la pandemia de coronavirus, la autoridad otorgó una prórroga para las personas físicas, extendiendo su plazo de presentación hasta el 30 de junio de este año.
“Los trabajadores que colaboran con estas personas físicas que hicieron válido el beneficio de la prórroga, podrían gozar de la presentación hasta el mes de agosto, a diferencia de quienes colaboran con patrones registrados como personas morales, y que deben recibir sus utilidades a finales de mayo”.
Si bien, la ampliación de plazo para que las personas físicas cumplieran con sus obligaciones fiscales representó un respiro en medio de la emergencia sanitaria, dicho aplazamiento no las eludió de hacer efectiva su obligación de llevar a cabo el reparto de las utilidades generadas durante el ejercicio fiscal 2019, de acuerdo con lo dispuesto por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet), enfatizó.
El artículo 123 de la Constitución Política Mexicana respalda el derecho de los trabajadores a recibir una parte de las utilidades obtenidas por su patrón, siempre y cuando no formen parte de una de las excepciones que marca la Ley Federal del Trabajo, como lo son:
Ocupar un puesto como director, administrador, gerente general, socio o accionista de la empresa
Colaborar en una empresa sin fines de lucro
Trabajar bajo el esquema de prestador de servicios profesionales y cobro por honorarios
Ser ex empleado con menos de 60 días trabajados durante el ejercicio fiscal que se declara
Ser funcionario público
Para quienes recibieron o recibirán participación de las utilidades de la empresa en la que colaboran, el Mtro. Luna emitió algunas recomendaciones que les ayudarán a manejar adecuadamente el flujo económico que este ingreso representa, tomando en cuenta las circunstancias especiales que se viven actualmente al transitar por la pandemia de COVID-19:
Utilizar ese ingreso en compras esenciales: recuerda que estamos viviendo una crisis derivada de múltiples factores, entre ellos la pandemia.
Priorizar la protección sanitaria: Hoy más que antes, tenemos que ser inteligentes en el uso de nuestro dinero, dando prioridad a la adquisición de insumos médicos, protección sanitaria, alimento y servicios de primera necesidad.
Solicitar una copia de la declaración anual a la empresa: conocer este documento es un derecho de todo empleado. Al contar con el, el trabajador puede llevar un mayor control y conocimiento del desglose de la participación de utilidades que le correspondió.
Para los patrones:
Prever el pago de utilidades: Esto puede hacerse desde el cierre anual, de manera que ese importe quede asegurado para el momento de su repartición.
Contar con un asesor en materia contable administrativa de confianza: esto, para mantener al día la información de valor, y que ésta permanezca disponible ya que es útil para tomar decisiones.
Estar informado: es fundamental mantenerse al día de las disposiciones emitidas por las autoridades en materia económica, una vez más, en pro de la toma de decisiones adecuadas.
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