La alfabetización en derechos humanos contribuye a la generación de ciudadanía crítica, es fundamental que las personas comprendan la materialidad de las garantías individuales.
Dio inicio el Seminario Permanente de la Cátedra Ignacio Ellacuría, SJ Verano 2021: Reforma constitucional en materia de derechos humanos: una mirada a 10 años. El espacio formativo constituido por el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, SJ (IDHIE) y la Licenciatura en Derecho de la Ibero Puebla buscará encontrar respuestas a las interrogantes sobre el presente de las garantías ciudadanas y su aplicación u omisión en la vida tangible.
Como anticipó durante la inauguración Mario Patrón Sánchez, rector de la Universidad Jesuita, el seminario busca reflexionar sobre la reforma en materia de derechos humanos, considerada en su momento como un hecho paradigmático que, no obstante, ocurre en un entorno de violación constante a los derechos fundamentales.
Para comprender los alcances de dicha transformación estructural es necesario conciliar la norma jurídica con la realidad social. “El propósito es promover espacios para la búsqueda de justicia y producción de conocimiento desde la luz del pensamiento de Ignacio Ellacuría”. Patrón Sánchez deseó que los resultados se traduzcan en acciones para resolver los grandes problemas sociales.
Revivir la letra muerta
En 2011, el Derecho mexicano vivió un verano de bonanza. La reforma de derechos humanos culminó el esfuerzo de actores de múltiples procedencias institucionales y sociales. En aquella misma época tuvo lugar una modificación en materia de juicio de amparo, así como la aceptación del control constitucional concentrado bajo principios de convencionalidad.
Sin embargo, las reformas no se han traducido en una praxis cotidiana palpable. Uno de los principales obstáculos ha sido el escepticismo hacia las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos tras aceptar la posibilidad de que los derechos de fuente convencional (es decir, de tratados internacionales) tuvieran una expresión plena en el orden jurídico mexicano.
Además, se ha acotado paulatinamente la condición de los derechos humanos en favor de los órganos de seguridad interior (Policía Federal, Guardia Nacional). Esto implica que tanto la ciudadanía como las Fuerzas Armadas se encuentran en un limbo en el que no se especifican los alcances y limitaciones de la potestad de las instancias encargadas de salvaguardar el orden público.
José Ramón Cossío Díaz expresó algunas de sus preocupaciones en materia de derechos humanos. A su juicio, la administración pública continúa siendo interpretada erróneamente como el conjunto de órganos que realizan funciones regulatorias, no como elementos para el desarrollo de los derechos humanos. Esto ha provocado que se mantengan modelos presupuestales escasos para el cumplimiento de las garantías fundamentales.
“Estamos ante un empequeñecimiento de la administración: en tamaño, en funciones, en un sentido simbólico…Un país que tiene una administración pública así entrará en problemas severos”, señaló José Ramón Cossío.
Del otro lado, la academia se ha centrado en construir una retórica sobre los derechos humanos sin contribuir a la realización tangible de los mismos. “La ciencia jurídica no está produciendo el conocimiento que puede ser tomado por las autoridades para ir transformando la cultura”.
Una década después de aquel verano prometedor, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) continúa sin resolver situaciones relacionadas con derechos humanos en oposición al Estado; particularmente, se han omitido disposiciones relacionadas a la militarización del país.
Cossío Díaz consideró que el presidente de México y algunos integrantes de su gabinete están negando los derechos humanos al suprimirlos del discurso y la agenda estatales. “Cuando hay una agenda fundada en financiamiento directo tiene la ventaja de que se garantizan las condiciones inmediatas, pero no se está construyendo una condición de ciudadanía”, advirtió el ministro en retiro.
La mayor satisfacción de los derechos humanos tiene que darse desde la administración pública. Esto implica brindar las condiciones para trascender la operatividad burocrática deshonesta y garantizar el servicio público eficiente. Una mirada crítica hacia el accionar de los órganos jurisdiccionales contribuiría a marcar pautas de ejemplaridad en los funcionarios del Estado.
Los derechos humanos generan una ciudadanía empoderada, exigente y crítica. Es necesario recuperar la dimensión política de los derechos para reposicionarlos en el debate público. Esto debe llevar a considerar qué es necesario, desde el orden público, para satisfacer los derechos. “Son momentos para politizar los derechos humanos e ir a su jurisdiccionalidad, a su aplicación práctica”.
De lo contrario, atisbó José Ramón Cossío, la siguiente década podría verse marcada por un retroceso en la materia debido a las disparidades entre el robusto marco jurídico y las acciones tangibles poco satisfactorias de los derechos humanos.
