La política de tres “R”: reducir, reutilizar y reacondicionar los materiales electorales que tiene el Instituto Nacional Electoral (INE) le han reportado un beneficio de alrededor de 479 millones de pesos.

Así lo conoció el Consejo General del INE en sesión extraordinaria, al recibir el Informe sobre la Recuperación de Materiales Electorales Utilizados en el Proceso Electoral Federal 2020-2021 y en la Consulta Popular 2021, que presentó la presidenta de la Comisión de Organización Electoral, Carla Humphrey Jordan.

La política de tres “R”: reducir, reutilizar y reacondicionar materiales electorales que tiene el INE, ha generado ahorros importantes en la organización de futuros procesos electorales y de participación ciudadana y “conforme al inventario actual, conlleva un beneficio para este Instituto de alrededor de 479 millones de pesos”, celebró.

La consejera Humphrey señaló que en el informe se da a conocer la actualización de los inventarios de los materiales electorales que se encuentran en las juntas locales y distritales y que son susceptibles de reutilizar, los requerimientos para la rehabilitación de los canceles electorales portátiles y da cuenta de los insumos sanitarios existentes, desagregados por entidad.

Dio ejemplos de los ahorros en la producción de materiales: “Para la elección de diputaciones federales, se evitó producir canceles electorales; para la Consulta Popular 2021, se evitó producir canceles, mamparas especiales, pinzas marcadoras de credenciales y marcadores de boleta; con el inventario disponible de líquido indeleble, se logró cubrir las necesidades, tanto para la Consulta Popular, como para la elección extraordinaria en Nayarit y se donó a diversos Organismos Públicos Locales para sus elecciones extraordinarias. Para la inminente Revocación de Mandato, no será necesario producir cajas para paquete electoral”.

Por su parte, el consejero presidente, Lorenzo Córdova Vianello subrayó que el informe demuestra que la política de tres “R” no es una práctica nueva, sino el resultado de una larga tradición “y un compromiso con la austeridad, antes de que la austeridad se convirtiera en un principio gubernamental y antes de que incluso se estableciera la ley”.

El informe “demuestra con datos y no con especulaciones, el uso responsable de los recursos”, abundó. Es un claro ejemplo de prácticas de austeridad, más allá del discurso público que en una lógica de descalificación se ha construido.

“En el imaginario colectivo ha querido construirse la idea de que este es un Instituto dispendioso en el que los recursos se despilfarran; éste es un informe en el que se da cuenta de una práctica que no es nueva, no es una práctica del último año, aunque el informe se refiere a lo que ocurrió con los procesos electorales del año pasado, no es una práctica que se remonte a los últimos dos años, o tres años, o cuatro años, es una práctica institucional que ha venido estableciéndose desde hace mucho tiempo”.