La Secretaría de Administración (SA) reservó las bitácoras de vuelo de los helicópteros propiedad del Gobierno de Puebla por motivos de seguridad nacional, particularmente por temor al desplome de una aeronave por atentado.

La decisión contrasta con el anuncio del gobernador Miguel Barbosa Huerta, quien el 10 de septiembre ofreció eliminar más de 3 mil acuerdos de reserva de dependencias públicas para privilegiar el principio de máxima publicidad.

Se trata de documentos en los que se restringió el acceso a datos públicos durante los mandatos de los panistas Rafael Moreno Valle y Antonio Gali Fayad.

«Emitiré un decreto que levante toda la información reservada para que todos tengan acceso a ella, ya estamos en eso», refirió Barbosa Huerta aquella ocasión.

En respuesta a una solicitud de información pública, la SA negó la entrega de versiones públicas de las bitácoras con el argumento de que revelarlas implicaría un «riesgo real y demostrable».

En un documento de ocho hojas, la dependencia expuso que difundir los datos implica transparentar nombres de tripulantes, servidores públicos, piloto al mando, destinos, rutas, entre otras características.

«(…) tiene un riesgo real, ya que como consecuencia en el contexto actual, grupos u organizaciones delictivas o de cualquier otra índole interesados en causar daños a los servidores públicos que viajan en los helicópteros tengan una idea precisa de cómo vulnerar la seguridad de los mismos», se expresó.

«Situación que traería como consecuencia la posibilidad de un ataque que pondría en riesgo la salud o la vida de los tripulantes, incluyendo al titular del Ejecutivo del Estado, poniendo en riesgo como se mencionó anteriormente la seguridad nacional».

En el documento se alegó, además, que la identificación de personas que viajan en las aeronaves del Gobierno del Estado no sólo atentaría contra su integridad física, sino también contra sus familias y personas de apoyo logístico.

En el escrito se expresó el término de «riesgo demostrable», con el que expusieron un conjunto de casos en los que, según la autoridad, se tenía conocimiento previo de los datos de los vuelos y terminaron en hechos trágicos.

La SA hizo referencia al fallecimiento del gobernador de Colima, Gustavo Vázquez Montes, y seis personas más, cuando el 25 de febrero de 2005 viajaban en una aeronave Westwind Matrícula 1124, pero el aparato desplomó en el poblado de Tzitzio, Michoacán.

Otro caso que se refirió para justificar la reserva fue el del 4 de noviembre de 2008, cuando el Lear Jet 45, Matrícula XC-VMC, impactó en una avenida de la Ciudad de México con el secretario de Gobernación a bordo, Juan Camilo Mouriño.

Igualmente pone de ejemplo el fallecimiento del secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, en 2011, después de que el helicóptero en el que viajaba cayó en los límites del Estado de México y la Ciudad de México.

La autoridad poblana aludió a un caso reciente, del 24 de julio de 2019, en el que murieron el titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, Martín Godoy Castro, y otros funcionarios públicos por la caída de su aeronave con Matrícula XA-VRG.

El documento que emitió la dependencia no menciona del caso en el que murieron la gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso, así como su esposo y coordinador de los senadores del PAN, Rafael Moreno Valle, junto con otras tres personas.

El 24 de diciembre de 2018, el matrimonio de los políticos salió en helicóptero de la Ciudad de Puebla rumbo a la capital del País, pero en los límites de los municipios de Coronango y Huejotzingo se desplomó, sin que todavía se conozcan las causas del siniestro.

La Secretaría estatal también identificó la existencia de un «riesgo identificable» al advertir que la vulnerabilidad de la seguridad de las aeronaves propiedad del Gobierno de Puebla las pone en riesgo latente, susceptibles de intención o un hecho de sabotaje, atentado o derribo.

«En este supuesto, en caso de trascender la información de las bitácoras de vuelo, traería como consecuencia la revelación de datos de interés del ámbito de la seguridad, que podría generar patrones de vuelo de los que se puedan inferir los destinos más frecuentes, procedencia y destino de los mismos», se justificó.

«Haría identificables a las personas que utilizan las aeronaves para el ejercicio de sus funciones, poniendo en riesgo su vida y seguridad e incluso obstaculizar la prestación de un servicio a cargo del Estado o comprometer la integridad, estabilidad y funcionalidad de las instituciones gubernamentales».

Fuente: Reforma / Francisco Rivas