El Senado de la República aprobó, en lo general y lo particular, el proyecto para establecer que los medios de impugnación en materia electoral serán improcedentes cuando se pretenda impugnar cualquier acto parlamentario del Congreso de la Unión, su Comisión Permanente o cualquiera de sus Cámaras.

Con 61 votos a favor, 39 en contra y una abstención, el Pleno dio su respaldo a la minuta que envió la Cámara de Diputados para reformar la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Con ello, se destaca en el dictamen, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) no podrá “otorgarse competencias que la Constitución y la ley no le reconocen”, pues, de acuerdo con la Carta Magna, los actos parlamentarios corresponden a facultades exclusivas de las Cámaras del Congreso de la Unión.

En el documento se refiere que la Sala Superior del TEPJF determinó revisar actos del ámbito parlamentario, que tuvieron origen en las decisiones que tomaron tanto la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados como la de la Cámara de Senadores, para la integración de la Comisión Permanente.

Dicho acto, se agrega en el documento, se considera una invasión en el ámbito competencial del Congreso, ya que se condujo de manera ilimitada, lo que afectó el equilibrio de poderes que se establece en la Constitución Política.

Por ello, la reforma precisa que los medios de impugnación previstos en dicha Ley serán improcedentes “cuando se pretenda impugnar cualquier acto parlamentario del Congreso de la Unión, su Comisión Permanente o cualquiera de sus Cámaras, emitido por sus órganos de gobierno, como los concernientes a la integración, organización y funcionamiento internos de sus órganos y comisiones legislativas”.

Ya que se trata de asuntos autónomos reconocidos en la Constitución Política, que corresponden exclusivamente a las Cámaras del Congreso de la Unión.

La presidenta de la Comisión de Gobernación, Mónica Fernández Balboa, dijo que la reforma fortalece el marco regulatorio de los actos parlamentarios, para que éstos queden excluidos de la competencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, “porque, si bien es cierto que entre los Poderes deben existir contrapesos, también debe haber límites”.

La presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, Ana Lilia Rivera Rivera, indicó que con el dictamen se excluyen de la jurisdicción electoral los actos de naturaleza meramente parlamentaria, se respeta el principio de división de poderes y la autonomía del Poder Legislativo.

Alfredo Botello Montes, senador del PAN, dijo que lo que se propone es que ante un conflicto que tengan los Grupos Parlamentarios, sea la Cámara la que lo resuelva, por lo que será la mayoría y no la razón quien determine dicha resolución.

La senadora Claudia Ruiz Massieu Salinas, del PRI, presentó un voto particular en contra del dictamen, pues obstaculiza la tutela del derecho de la ciudadanía a votar, al restringir la revisión de la efectiva representación de quienes integran el Congreso. “No exagero al señalar que el dictamen sienta las bases para romper el sano entendimiento político entre las instituciones del Estado”, consideró.

El senador Noé Castañón Ramírez, de Movimiento Ciudadano, también presentó un voto particular, para no acompañar un dictamen que “viola los derechos políticos y electorales de las y los mexicanos, y que violenta el acceso a la justicia al dejar en estado de indefensión a legisladores y legisladoras, pues elimina un mecanismo de defensa adecuado ante actos de autoridad emitidos por las Cámaras y sus organismos”.

El senador del PVEM, Rogelio Israel Zamora Guzmán llamó a no permitir que el Poder Judicial decida sobre la vida interna del Congreso de la Unión, toda vez que no hay mecanismos para revertir esas decisiones y “esas interferencias de competencias sí vulneran al Poder Legislativo”.

El coordinador del Grupo Parlamentario del PRD, Miguel Ángel Mancera Espinosa, recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró que cualquier acto de omisión del Legislativo es justiciable cuando se afecta un derecho humano. Por ello, sostuvo que el dictamen atenta contra el orden constitucional, por lo que adelantó su voto en contra.

La senadora Geovanna Bañuelos de la Torre, del PT, expresó que el dictamen busca defender la autonomía del Poder Legislativo y la toma de decisiones en función de las reglas establecidas por los propios legisladores. “Es un primer paso para que, en las decisiones sobre la vida misma del Congreso, se respete la soberanía y autonomía de este Poder”.

Germán Martínez Cazares, senador del Grupo Plural, denunció que la reforma está “dedicada” a su grupo para evitar el ejercicio de sus derechos políticos. Hay decisiones en los tres Poderes que son violatorias al marco constitucional, asentó, por lo que debe existir un medio de defensa ante estas situaciones.

Las y los senadores de Acción Nacional, Mayuli Latifa Martínez Simón, Xóchitl Gálvez Ruiz, Damián Zepeda Vidales, Gina Andrea Cruz Blackledgep, Nadia Navarro Acevedo, así como la senadora de Movimiento Ciudadano, Verónica Delgadillo García, propusieron modificaciones al proyecto de decreto, mismas que fueron rechazadas por la Asamblea, por lo que el dictamen se envió al Ejecutivo Federal.