Integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, que preside la senadora Kenia López Rabadán, analizaron con la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, Karla Quintana Osuna, las acciones que ha puesto en marcha esta instancia y las necesidades legislativas que requiere para cumplir sus objetivos.

En el encuentro, Quintana Osuna dijo ante senadoras y senadores que es fundamental combatir, de manera paralela, la “profunda crisis” de desaparecidos, así como los problemas en materia forense y de justicia que existen en México.

Para ello, asentó, se requiere de una reforma integral que aborde estos tres niveles, porque de lo contrario, no se podrá impactar y resolver de manera central la crisis.

Previamente, López Rabadán destacó la necesidad de fortalecer la relación interinstitucional con la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, por lo que desde el Senado de la República se busca cuestionar, conocer y aportar en esta materia, a través de un diálogo plural.

De esta manera, dijo, debemos conocer las acciones que se han puesto en marcha y los apoyos legales que se pueden realizar para cumplir los objetivos en materia de búsqueda de personas.

Nestora Salgado García, senadora de Morena, consideró necesario estrechar lazos y generar una propuesta de entendimiento, a partir del cual se fortalezcan las acciones que permitan conocer el paradero de quienes hacen falta, así como para transitar hacía la erradicación de este fenómeno.

La senadora María Celeste Sánchez Sugía, del mismo Grupo Parlamentario, aseguró que éste ha sido el único gobierno que ha reconocido la crisis de desparecidos, por lo que se advierte de un aumento en el número de personas no localizadas, es porque ya se contabilizan, cosa que no se había hecho con anterioridad.

“Se está exigiendo -acotó la legisladora- que se realice, en menos de tres años, un trabajo que no se ha hecho en más de 40 años”.

Por el PAN, la senadora Gina Andrea Cruz Blackledge señaló que se debilitó el actuar de la Secretaría de Gobernación respecto de la seguridad interior y la gobernabilidad, y ahora la fuerza de los grupos criminales es de tal magnitud, “que México se sigue llenando de fosas clandestinas”.

La senadora del PRI, Claudia Edith Anaya Mota, agregó que es preocupante que las comisiones estatales de búsqueda se puedan quedar sin operatividad y la posibilidad de trabajar de manera organizada con la Comisión Nacional, debido a que el modelo institucional se está “resquebrajando” por la falta de recursos.

Del PVEM, la senadora María Graciela Gaitán Díaz, coincidió en la necesidad de dotar de más presupuesto a la Comisión Nacional de Búsqueda, así como de que las fiscalías sean más responsables con los derechos de los desaparecidos y de sus familias, sin tratos preferenciales.

Por su parte, el senador Emilio Álvarez Icaza Longoria advirtió que la dimensión de la crisis en materia de desaparición de personas, por la que atraviesa el país, no tiene un “correlato” en el trabajo que se desempeña en la institucionalidad, presupuesto y coordinación que lleva a cabo el gobierno; es decir, “no hay una proporción del dolor que sufren las familias, con el esfuerzo que el Estado mexicano realiza”.

Karla Quintana Osuna, en tanto, señaló que en materia de desaparición forzada solamente existen 35 sentencias por jueces federales y estatales, y que más del 98 por ciento de los casos se encuentran en impunidad.

Si bien es cierto que se hacen esfuerzos muy importantes en materia de búsqueda de personas, acotó, se puede concluir que se tiene una “impunidad total, que va desde la investigación, hasta la emisión de la sentencia”.

La titular de la Comisión Nacional de Búsqueda aseguró que a partir de 2006 se registró el repunte de las desapariciones, pero que fue hasta 2018 que el gobierno de México tomó medidas y asumió como su responsabilidad y prioridad la búsqueda de personas.

En este sentido, continuó, esta instancia realizó, desde el 8 de febrero de 2019 al 4 de octubre del presente año, más de dos mil cien jornadas de búsqueda, en 28 entidades federativas y en 307 municipios.

Precisó que, hasta el lunes 4 de octubre, se tiene un registro de 92 mil 794 personas reportadas como desaparecidas, oficialmente; y hasta este día la cifra ascendió a 92 mil 844, “es decir que en dos días ya se reportaron 60 personas más”.

Por lo que nos dicen las familias, expresó, sabemos que esta cifra puede ser mucho más alta, en virtud de la desconfianza que se tiene para denunciar las desapariciones.

Destacó que el sector de la población que más padece este flagelo en México es el de la juventud, principalmente hombres entre los 20 y 40 años, y mujeres de entre los 15 y 25 años. Aunado a ello, precisó, del total de las 92 mil personas desparecidas, 16 por ciento son niñas, niños y adolescentes.

Dijo que los estados con mayores jornadas de búsqueda son Tamaulipas, Veracruz, Guerrero, Guanajuato, Sinaloa y Sonora.

Por otro lado, explicó que 53 por ciento de las búsquedas que realiza esta Comisión se llevan a cabo en coordinación con las fiscalías estatales; 26 por ciento con la Fiscalía General de la República y el 13 por ciento sin presencia de fiscalías.

Del 1 de diciembre de 2018 al 17 de septiembre de 2021, destacó, se tiene un registro de mil 971 fosas clandestinas, con tres mil 259 cuerpos exhumados, de los cuales han sido identificados mil 274 y entregados a familiares 903.

Recordó que hace tres años, la información con la que contaban no estaba sistematizada ni homologada, y tampoco cumplía con los requisitos de la ley, “entonces fue que comenzamos a hacer una sistematización y construir un registro nacional de personas desaparecidas”.

A partir de 2019 y a la fecha, explicó, se desarrolla una estrategia tecnológica para la incorporación de la información, permitiendo una “interoperatibilidad” entre las diferentes instituciones, principalmente las fiscalías.

Ante la crisis en materia forense, dijo que se debe legislar para que las fiscalías y gobiernos locales lleven a cabo la identificación humana con un enfoque masivo, a fin de exhumar e identificar a las decenas de miles de cuerpos que hay en las fosas comunes del país.

En este sentido, refirió que, en Coahuila, de manera coordinada, el gobierno local, la Fiscalía estatal y la Comisión de Búsqueda del estado, construyeron el Centro Regional de Identificación Humana con enfoque masivo, “esfuerzo que se debe replicar en todo el país”.

También solicitó a las y los senadores impulsar reformas para fortalecer a la Comisión Nacional de Búsqueda y a las comisiones estatales en materia de búsqueda inmediata, así como para solicitar órdenes de cateo y crear un sistema de beneficios por colaboración eficaz.

Apuntó que más del 80 por ciento de los recursos de la Comisión son para fortalecer las capacidades estatales, lo que quiere decir que “el Gobierno federal es quien asume la responsabilidad y las obligaciones de búsqueda de las entidades”.

Foto: Senado