A poco más de dos años del accidente en que perdieron la vida la entonces gobernadora electa del estado de Puebla, Martha Érika Alonso Hidalgo, y su esposo, el senador Rafael Moreno Valle, la Revista Proceso dio a conocer una nueva versión que exhibe a las administraciones del gobernador Miguel Barbosa y el presidente Andrés Manuel López Obrador, donde se califica de “contradictorios” los dictámenes presentados por dichos personajes.

Además, el reportaje de Gabriela Hernández pone en duda la culpabilidad de los cuatro trabajadores de Rotor Flight Service (RFS), taller donde el helicóptero en que viajaba la pareja gobernadora recibió mantenimiento, debido a que supuestamente los ahora detenidos habrían reportado con antelación un problema con la aeronave, con la que después de la ‘advertencia´ se realizaron otros 50 viajes por órdenes de RMV.

“El peritaje final de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT) sobre las causas de la caída del helicóptero en el que viajaban Martha Érika Alonso Hidalgo y Rafael Moreno Valle fue puesto en entredicho durante el juicio que se lleva a cabo en esta ciudad (San Andrés, Cholula) contra cuatro personas señaladas como responsables del percance”.

El perito en aeronáutica Raúl Sánchez Hernández sostuvo por escrito que la falla simultánea de los dos actuadores de la aeronave presentada como “causa probable” en el peritaje, nunca se ha presentado en la historia de la aeronáutica mundial:

«El dictamen es una conjetura sin precedente, que si bien pudiera ser posible es muy, pero muy remota»».

Dicho peritaje, que lleva la firma de José Armando de Constantino, representante de la Agencia Federal de Aviación Civil, concluye como causa probable de la caída fue una pérdida de control “debido a un alabeo repentino hacia la izquierda, que no fue recuperado por el piloto”.

“El 24 de diciembre de 2020, justo cuando se cumplieron dos años del desplome de la aeronave, la Fiscalía General del Estado de Puebla detuvo a José Antonio N., propietario de la empresa RFS; Ricardo N., mecánico; Israel N., especialista de electricidad; y María Magdalena N., especialista en aeronáutica, quienes estuvieron a cargo de la aeronave.

El mismo día que el juez Salvador Hernández Martínez vinculó a estos primeros detenidos por los delitos de homicidio culposo, daño en propiedad ajena y falsedad en declaración, también fue aprehendido por los mismos cargos Miguel N., otro técnico que trabajaba en ese taller.

Además de acusarlos por la muerte de MEA y RMV, así como del asistente de éste, Héctor Baltazar Mendoza, del piloto Roberto Javier Coppe Obregón y del copiloto Marco Antonio Tavera Romero, los detenidos fueron vinculados por daños al terreno en el que cayó la aeronave y por no haber declarado sobre la supuesta falla que el peritaje considera ‘causa probable’ del percance”.

La carnada perfecta

La periodista Gabriela Hernández señala que desde el primer día de la detención, el abogado Gilberto Bladimir Montalvo advirtió que los acusados no son más que “chivos expiatorios” debido a que no existe prueba que logre sustentar su responsabilidad en el percance.

Montalvo explicó que “la FGEP sólo retomó el peritaje emitido por la SCT que habla de una causa probable que, «por las casi nulas posibilidades de que ocurra una falla como la que expone, es más bien improbable». Aseguró que la autoridad poblana no hizo ninguna otra investigación, ni consultó a ningún otro especialista o probó que la anomalía realmente ocurrió”.

“En la audiencia, Montalvo pidió además al juez no tomar en cuenta el informe de la SCT, pues no está fechado ni ubicado en ninguna parte, y aunque se dice que está avalado por instituciones y especialistas internacionales, no está firmado por ninguno de ellos”.

A la fecha, ni la SCT u otra autoridad han logrado probar de forma contundente una causa por la que la aeronave pudo haberse desplomado, pues al no haber causa probada no se puede señalar responsables, añadió el también abogado Sergio Arana Monroy, defensor del propietario del taller.

“Tan no han encontrado la causa del percance que un representante legal de la familia Alonso Hidalgo, Tirzo Javier de la Torre Sánchez, reclamó por escrito al Ministerio Público que el peritaje de la SCT no era concluyente, por lo que debía continuar la investigación y emitir otro informe”, agregó Monroy.

“Bladimir Montalvo agregó también que los detenidos, quienes además son especialistas en el mantenimiento de aeronaves, sostienen que la falla en el actuador lineal, que reportaron, no era crítica ni podría haber sido causa de que el helicóptero se cayera. Al grado que, tras reportarla, la aeronave hizo 53 vuelos antes del percance”. El desperfecto afectaba únicamente de manera intermitente al piloto automático, el cual podía ser maniobrado o evitado por los pilotos, comentaron los acusados.

Su propiedad, su decisión y su propia condena

Rotor Flight Service notificó por escrito la falla que presentaba el actuador lineal especificando que debía reemplazarse, por lo que la pieza debía ser retirada y, por consiguiente, la nave tendría que detenerse. Esto mismo se valida en un intercambio de correos entre el taller y a proveedora del actuador, todo contenido en el informe que fue presentado ante la SCT. Ahí se advierte que “fue la empresa SAA, propiedad de los hermanos José Antonio y Rafael Torres Mendoza, la que se negó a detener la nave por tener ‘una agenda llena’ de vuelos”.

Inclusive los familiares de los detenidos han coincidido con la versión que surgió después del accidente, donde se especifica que el helicóptero Agusta realmente era propiedad de Moreno Valle.

“Todos en la empresa sabían que quien tomaba decisiones sobre ese helicóptero era Moreno Valle, y que fue él quien se negó a detenerlo para que le cambiaran esa pieza porque para entonces (como senador) ya contaba con un helicóptero oficial para su uso personal”, habría señalado el padre de uno de los detenidos, quien decidió quedar en el anonimato.

Reportaje completo, Revista Proceso (2 de enero, 2021).
Fuente: e-consulta
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