De los procedimientos iniciados, 67 son por faltas graves y 24 de ellos terminaron con la destitución de servidores públicos

Como parte de la Glosa del Tercer Informe de Labores del Gobierno del Estado, la titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Amanda Gómez Nava, rindió el informe correspondiente al ejercicio 2021 ante las y los diputados que integran la Comisión Inspectora del Congreso del Estado, donde dio a conocer que el año que terminó se iniciaron 316 procedimientos de responsabilidad administrativa.

Durante su comparecencia, la funcionaria estatal detalló que, de estos 316 procedimientos, en 249 se imputó la comisión de faltas administrativas no graves y en 67 la comisión de faltas administrativas graves, mismas que derivaron en 24 inhabilitaciones y destituciones, 21 suspensiones, una amonestación pública y 21 resoluciones absolutorias.

Además, informó que la Secretaría de la Función Pública presentó 24 denuncias ante la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción en contra de diversos exservidores públicos que en uso de sus funciones realizaron hechos posiblemente constitutivos de delito en los últimos cinco años.

Al respecto y en representación del grupo legislativo de Morena, el diputado Sergio Salomón Céspedes preguntó cuáles fueron las dependencias que concentran los funcionarios denunciados ante la Fiscalía Anticorrupción, a lo que la funcionaria respondió que destacan las secretarías de Salud, Cultura, Función Pública y Educación por funcionarios que ejercieron entre 2016 y 2020, aunque evitó entrar en detalles por tratarse de investigaciones en curso.

A nombre del PT, el diputado Antonio López Ruíz cuestionó a la funcionaria estatal sobre los trámites y servicios evaluados en 2021, los programas sociales que se revisaron y los días que tienen que pasar para que un empresario obtenga su constancia de contratista o proveedor.

En respuesta, Gómez Nava informó que en total se verifican 11 trámites, entre los que destacan el cambio de placas, pago de tenencia, licencias para conducir, constancias de no inhabilitado, registro civil y cambio de propietario; se evaluaron programas sociales como los alimentarios, capacitación para el empleo y tecnificación del campo poblano; y la constancia de proveedor se puede obtener el mismo día, dependiendo de la demanda.

Por su parte, el diputado del PRI, Enrique Rivera Reyes, preguntó qué acciones se han generado para evitar la corrupción dentro de las dependencias y cuál es la que más funcionarios tiene sin presentar su declaración patrimonial.

Sobre este tema, la funcionaria estatal informó que se combate la corrupción a través del seguimiento a las denuncias que pueden llegar hasta la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, mientras que las dependencias con más funcionarios sin presentar su declaración patrimonial son la Secretaría de Seguridad Pública con 113, Gobernación con 60, Planeación y Finanzas con 40, Infraestructura con 24 y la Consejería Jurídica con 19.

En representación del Partido Acción Nacional, la diputada Patricia Valencia Ávila preguntó sobre el estatus de una denuncia presentada por un presunto desvío de recursos en el Conalep por 35 millones, misma que la funcionaria estatal confirmó, pero evitó dar detalles sobre la misma por tratarse de un proceso administrativo en curso.

Como parte del informe que rindió la funcionaria estatal, se destacó el trabajo realizado para auditar 69 mil 977 millones de pesos, que representan el 93 por ciento del gasto programable para 2021; así como los seis operativos realizados a la Secretaría de Turismo, la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Administración, la Secretaría de Planeación y Finanzas; así como los organismos Museos Puebla, Carreteras de Cuota Puebla y Convenciones y Parques para inspeccionar el uso de diversos recursos con los que cuentan.

De igual forma, dio a conocer las acciones de blindaje en el pasado proceso electoral, donde se vigiló el adecuado uso de los recursos estatales y su no utilización para fines político-electorales, por lo que se verificó el adecuado resguardo de 3 mil 163 vehículos y 307 inmuebles, y se realizaron 206 verificaciones oculares en inmuebles de 21 municipios.