El Grupo Integral de Derechos Humanos (GIDH) «Lex-magister» saludó la designación de la abogada Luisa María Alcalde Luján para dirigir la Secretaría de Gobernación; pero solicitó su intervención inmediata para homologar las acciones de gobierno con los estándares internacionales en materia de derechos humanos.

“Es muy grave los atropellos que se cometen de manera sistemática sin que el Estado mexicano intervenga para evitarlos; lo mismo se registran actos contra personas vulnerables, menores de edad, mujeres, niños, ancianos, defensores, periodistas, académicos o científicos; incluso al interior del circuito judicial de sus propios defensores”.

El presidente del GIDH, Jesús Rey Fierro Hernández, instó a Alcalde Luján a construir, de la mano de la sociedad civil, una cultura para que defienda al pueblo de manera responsable y con el objetivo de tocar los ejes prioritarios al interior de la gobernanza.

El doctor en derecho urgió en que los tres órdenes de gobierno organicen y formalicen una red de peritos especializados para analizar y detectar el delito de tortura, figura de especialistas que se carece prácticamente en todo el territorio nacional y hace vivir una doble tragedia a las víctomas.

Fierro Hernández lamentó que la figura del «defensor del pueblo» sea sólo «de ornato» porque no actúan para proteger y defender las garantías elementales de la población, sino que actúan en contubernio con las autoridades en turno para evitar que sean sancionados, “ejemplos hay muchos en todo el territorio nacional”.

El abogado litigante -reconocido con el Premio Nacional de Derechos Humanos 2017- propuso algunos ejes rectores para defender realmente al pueblo, como “combatir la tortura y supervisar el sistema penitenciario nacional, erradicar la violencia de género, supervisar los derechos de las personas y pueblos indígenas, y afianzar el derecho económico, social, cultural y ambiental de las personas”.

Además, recomendó sostener un trabajo coordinado con organizaciones de la sociedad civil a fin de “fortalecer los mecanismos de colaboración entre las instancias que defienden las garantías individuales a nivel municipal, estatal e internacional, su dirección presupuestal y reestructuración interna”.

El doctor en derecho resaltó la importancia de garantizar los derechos básicos de las personas indígenas, incluyendo la justicia, la vivienda digna, la asociación política, la salud, la educación y el empleo, para evitar atropellos sistemáticos a los derechos humanos.

De esta forma, el GIDH «Lex-magister» instó al Estado mexicano a tomar de manera seria y responsable el tema de la protección de los derechos humanos y sostener medidas urgentes para proteger y defender los derechos humanos de todas las personas en el país, incluyendo a indígenas, defensoras de los derechos humanos, periodistas, migrantes, mujeres y todos aquellos que se encuentran en grupos vulnerables.