El 24 de agosto de 2010, 58 hombres y 14 mujeres migrantes de diferentes nacionalidades fueron asesinadas en San Fernando, Tamaulipas, por negarse a colaborar con el crimen organizado. A diez años de este crimen, el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, SJ (IDHIE) de la Universidad Iberoamericana Puebla, a través del área de Asuntos Migratorios, llevó a cabo un conversatorio para dar perspectiva del camino recorrido en este tiempo.

Tras una década de lucha, la masacre se mantiene en impunidad. “En otras ocasiones, este tipo de hechos se han convertido en un contrapeso contra la memoria histórica que se construye. Este no es el caso”, lamentó Paola Ovalle, académica de la Universidad Autónoma de Baja California. Indicó que el reclamo de justicia es una zona paradigmática en la que prevalece el miedo y las dudas.

La labor de obtener respuestas es ardua y complicada debido a que la violencia permanece como estrategia estadounidense para disuadir la migración. Para Jeremy Slack, académico de la University of Texas en El Paso, las políticas estadounidenses se han volcado hacia la exposición de las personas migrantes a múltiples agresiones a los derechos humanos.

Júlio da Silveira, académico de la Universidad Federal de la Integración Latinoamericana de Brasil, compartió algunos paralelismos entre la tragedia de Tamaulipas y los eventos que se han vivido en su país. El dolor emana especialmente del asesinato de personas jóvenes en busca de mejores oportunidades laborales.

San Fernando introduce un cambio en los riesgos de migrar, donde el peligro deja de encontrarse en la naturaleza y se concentra de lleno en la inseguridad por violencia. “Lo que pasó es una continuidad de lo violento que se ha transformado transitar en territorio mexicano”, indicó Ignacio Irazusta, investigador del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.

Por su parte, Carlos Spector, abogado de Migración en El Paso, Texas, mencionó que la gran experiencia de San Fernando no es descubrir la violencia, sino la reacción de la sociedad. Apuntó que diferentes organizaciones civiles en ciudades fronterizas en México han buscado impulsar el proceso de ciudadanía de los connacionales y sus familias.

Desde la Fundación para la Justicia y el Estado democrático de Derecho se ha dado seguimiento al caso. Rossmery Yax, abogada de dicha organización, denunció irregularidades en los casos de repatriación de restos a países de Centro y Latinoamérica. “Los Estados tienen una enorme deuda con las familias; estos no son casos aislados”.

Ausencia de lucha y políticas públicas

Tenemos una política que acepta la violencia contra las migrantes; no se ha dado valor a las personas en movilidad. Jeremy Slack reflexionó sobre la falta de conciencia en torno a los migrantes como integrantes de la sociedad y, por ende, sujetos de derechos.

Eventos como el de San Fernando son crímenes autorizados, no organizados: ocurren con la complicidad de las autoridades estadounidenses y mexicanas. Por tal motivo, explicó Rossmery Yax, uno de los acuerdos que emanan de las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) es la creación de una comisión mixta para investigar actos delictivos de esta índole.

Una de las cuentas pendientes consiste en construir a las víctimas como lo que son: blanco de múltiples discriminaciones y agresiones. “Es increíble que un evento con tanto dolor no nos haya movilizado”, reprobó Paola Ovalle, pues reivindicar la humanidad de los afectados es una forma de involucrar a la sociedad civil en la lucha.

En ese sentido, Ignacio Irazusta indicó que se ha normalizado el crimen llevado a cabo por el régimen migratorio que no nos permite dimensionar lo ocurrido. “Esta violencia se ha institucionalizado, pues la masacre está inscrita en las casas de migrantes de todo el país”. Por el contrario, señaló la importancia de internacionalizar este delito para generar nuevas conciencias.

Lo que falta por hacer

En México, los movimientos de migrantes son formados por personas no migrantes que hablan en nombre de estas. Son estas luchas sociales las que buscan instalar a los migrantes en el imaginario colectivo como víctimas y, al mismo tiempo, como integrantes de la ciudadanía.

Las y los panelistas celebraron que, pese a que aún hay mucho camino por recorrer, existen avances importantes en materia de derechos humanos de las personas migrantes, mismos que han sido plasmados en productos audiovisuales de reciente creación.

Por tal motivo, es importante reforzar el trabajo articulado entre diferentes actores de la vida pública. “Sin importar que seamos activistas o académicos, no debemos olvidar este tipo de crímenes tan atroces”, cerró Óscar Misael Hernández, investigador del Colegio de la Frontera Norte.