El Instituto Nacional Electoral impuso sanciones por más de 83 millones de pesos a Movimiento Ciudadano, así como al gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, por 448 mil 996 pesos.

En un primer caso, el Consejo General del INE determinó que hubo aportaciones en especie a través de publicaciones en redes sociales de Mariana Rodríguez Cantú (esposa del entonces candidato), estimadas en 27 millones 800 mil pesos.

Y en el segundo, acreditó que la campaña del abanderado de Movimiento Ciudadano recibió 14 millones 026 mil 500 pesos de dinero prohibido por la ley, aportaciones de empresas a través de Bertha Silvia Sepúlveda Andrade, Silvia Catalina García Sepúlveda y Roberto García Sepúlveda.

La sanción a Movimiento Ciudadano es de 55 millones 720 mil pesos y al hoy gobernador Samuel García de 448 mil 996 pesos y por las aportaciones en efectivo de sus familiares se impone al partido una multa de 28.05 millones de pesos que representan el 200 por ciento del monto involucrado.

La Consejera Favela precisó que, en el caso de Mariana Rodríguez, esposa del candidato, además de influencer, tiene la calidad de persona con actividad empresarial, su nombre está registrado como “marca” y comercializa sus historias en Instagram, con lo que está impedida de realizar aportaciones a la campaña “en dinero y en especie”.

Agregó que se consideró que 1,300 publicaciones y 40 fotografías en Instagram generaron beneficio al candidato, haciendo llamados al voto en su favor, promovió y abanderó propuestas de gobierno, además de que “hizo suya la campaña”, lo que generó una situación contraria a la espontaneidad en las redes sociales que no puede estar amparada por la libre expresión.

En el caso de la triangulación de recursos, “se acreditó una estrategia financiera que involucró a tres personas morales, a los familiares del candidato y al partido Movimiento Ciudadano con la finalidad de triangular recursos para que a través de testaferros pudieran realizarse aportaciones personales con recursos que provenían de entes prohibidos por la legislación electoral”, agregó Favela.

La Consejera agradeció la colaboración de la Comisión Nacional Bancaria (CNBV) y de Valores, del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por la disposición de brindar la información esencial para dilucidar la presente controversia.

El Consejero Presidente, Lorenzo Córdova, se refirió al caso de las publicaciones en redes sociales de Mariana Rodríguez en favor de Samuel García y precisó que el objeto de la discusión es si se trata o no de una aportación en especie que debía reportarse y si proviene de un ente prohibido por la legislación electoral, “no si hay una relación de parentesco, afectiva o de solidaridad entre las dos personas”.

Recordó que el artículo 105 del Reglamento de Fiscalización establece que quienes no pueden hacer aportaciones gratuitas en especie son las personas que tengan actividades mercantiles o profesionales otorgadas de manera gratuita.

El Consejero Ciro Murayama aseguró que la relación personal no es parte de la ley electoral, por lo que debe quedar fuera de la discusión, ya que el propio Reglamento de Fiscalización establece con claridad la imposibilidad de que una persona con actividad empresarial aporte a la campaña su negocio, por lo que el candidato estaba obligado a reportar y contabilizar estas aportaciones.

No cuantificar el apoyo de la esposa del candidato sería atentar contra el principio de equidad en las contiendas, sostuvo la Consejera Claudia Zavala, “no se trata de cuestiones de afecto, ni de amor, ni de solidaridad, ni de relaciones maritales, este asunto tiene que ver con las reglas de fiscalización para campaña”.

Enseguida, la Consejera Carla Humphrey recordó que el motivo de la queja es sobre las aportaciones en dinero o en especie: “el debate jurídico se trata de determinar primero, si una persona física con actividad empresarial puede o no aportar dinero en recursos o en especie a un partido político, y la respuesta que señala nuestro reglamento es que no”.

No acompañan el proyecto

El Consejero José Roberto Ruiz no acompañó el sentido del proyecto pues, desde su perspectiva, es “entendible y esperable” por parte de una esposa apoyar a su pareja, no se da cuenta de lo que conlleva la figura e institución del matrimonio y sólo se da el estatus de marca a la persona.

Tampoco acompañó el proyecto de resolución la Consejera Dania Ravel, quien recordó la sentencia del Tribunal Electoral que en 2018 determinó que no había manera de calcular un monto de costo-beneficio entre Samuel García y Mariana Rodríguez, al asumirse como pareja. Pedirle un comportamiento distinto a la esposa del antes candidato, “implicaría una limitante a la libertad de expresión”, aseguró.

Se advierte triangulación orquestada de recursos de entes prohibidos que recibe MC

Respecto a las aportaciones en dinero que recibió Movimiento Ciudadano de tres familiares en primer grado de su candidato Samuel García, el Consejero Jaime Rivera detalló que las indagaciones de la Unidad Técnica de Fiscalización acreditaron que los 14 millones de pesos “lo recibieron previamente un día antes, o el mismo día, de dos empresas Firma Jurídica y Fiscal Abogados, y SAGA Tierras y Bienes Inmuebles, por lo que es claro que dicho dinero no proviene del peculio de los ciudadanos aportantes, sino de sociedades mercantiles, entes que tienen prohibido donar dinero a los partidos políticos”.

Se trata, dijo, de un esquema de simulación o triangulación para financiar a un partido por parte de entes prohibidos por la ley.

La Consejera Carla Humphrey expresó que acompañaría el proyecto “porque denota la organización de un modelo de financiamiento ilegal, simulando aportaciones lícitas a través de personas físicas, cuando las aportaciones tienen su origen en personas de carácter mercantil” que son entes prohibidos en la ley electoral; sin embargo, anunció la emisión de un voto concurrente, pues consideró que el proyecto no era suficientemente exhaustivo al no resolver sobre el destino de los recursos obtenidos a través de la triangulación acreditada.

Por su parte, la Consejera Dania Ravel señaló que las personas aportantes no tenían la capacidad financiera para realizar las aportaciones realizadas, por lo que “se advierte una triangulación de recursos de ente prohibido a través de interpósita persona”, por lo que acompañaría el proyecto de resolución.