Madrid, 28 Sep (Quién).- La jueza de Esplugues de Llobregat que gestiona el mediático y polémico caso de fraude fiscal que pesa sobre Shakira dictó este martes el auto para la apertura de juicio oral, lo que significa que la Audiencia de Barcelona fechará muy pronto el inicio del juicio por fraude fiscal que, de resolverse en su contra, podrían suponer una pena de ocho años y dos meses de cárcel para la cantante, así como el pago de una multa superior a los 23 millones de euros.
Contra la decisión tomada por la jueza Ana Duro ya no cabe recurso alguno, por lo que la intérprete tendrá que sentarse sí o sí en el banquillo de los acusados. Sin embargo, hasta que no se produzca ese momento, la artista podrá seguir negociando con la fiscalía de cara a una posible rebaja del castigo, algo que parece poco probable a día de hoy. Y es que la cantautora colombiana descartó de plano seguir hablando con el ministerio fiscal, ya que se niega tajantemente a aceptar su presunta culpabilidad. La que fuera pareja del futbolista Gerard Piqué , con quien tiene dos hijos, emitió este verano un duro comunicado para acusar a la Agencia Tributaria de orquestar una campaña de descrédito contra su persona, además de recordar que abonó 17 millones de euros tan pronto como fue notificada de sus supuestas irregularidades.
A la diva se le acusa de no haber presentado la liquidación del impuesto sobre las rentas físicas, y también el referente a su patrimonio, en los ejercicios de 2012, 2013 y 2014. Ella alegaba que no residía formalmente en España durante esos años, debido a que su carrera profesional, con sus correspondientes réditos económicos, se desarrollaba fundamentalmente en Estados Unidos. Sin embargo, la autoridad fiscal española, y también la de la comunidad autónoma catalana, certificaron que en ese tiempo, Shakira vivía claramente en Barcelona junto a su entonces pareja sentimental y sus dos hijos, Milan y Sasha . Asimismo, el juicio que afronta ahora la artista tratará de determinar oficialmente si desviaba fondos de manera ilícita a empresas radicadas en paraísos fiscales.
