Con 37 votos a favor, el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas aprueba dicho instrumento en sesión extraordinaria

El Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas fue aprobado durante la Primera Sesión Extraordinaria del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas 2020, encabezada por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, junto al subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez.

Al resaltar que el presidente Andrés Manuel López Obrador remitió al Senado de la República, por conducto de Gobernación, la propuesta de aceptación de la competencia del Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas, la secretaria Olga Sánchez Cordero subrayó que con ello se reconoce la lucha de años por las familias de personas desaparecidas y reitera el compromiso del gobierno federal en relación con esta crisis.

Bajo este contexto, la titular de Gobernación enfatizó la importancia de dar un paso más con este protocolo homologado, construido colectivamente entre autoridades federales y locales, familias y sociedad civil, así como organizaciones internacionales.

“Fueron decenas de reuniones, observaciones escritas, así como foros regionales, un proceso único en tu tipo en el mundo. Constituirá una herramienta fundamental en la búsqueda de las personas desaparecidas, así como un instrumento que garantice el derecho de toda persona a ser buscada”, expresó.

En este sentido, aseguró que este gobierno considera indispensable seguir con la ejecución de acciones que contribuyan a consolidar instituciones fuertes y coordinas que den respuesta a las miles de familias de personas desaparecidas.

Lo anterior, en virtud que en México “la desaparición es una problemática que viola, vulnera de manera grave los derechos humanos de las personas, tanto de la víctima desaparecida como de su familia y la sociedad en su conjunto”.

Por su parte, el subsecretario Alejandro Encinas Rodríguez celebró el esfuerzo colectivo por aprobar en lo general y en lo particular el Protocolo Homologado de Búsqueda, “con esto cerramos un primer ciclo de construcción institucional y de los instrumentos que se requieren para implementar la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, a fin de cumplir con las responsabilidades del Estado mexicano para garantizar el derecho humano de ser buscado”, apuntó.

Acentuó que desde el periodo de transición se generaron compromisos con las organizaciones civiles y con familiares de víctimas para que, de manera conjunta, se elaboraran las políticas públicas en materia de derechos humanos con su participación y acompañamiento.

De aquel momento a la fecha, el subsecretario señaló que se han construido instrumentos como la instalación de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y la integración del Sistema Nacional de Búsqueda, además que en coordinación con la Fiscalía General de la República se enfrenta la emergencia forense. En ese sentido, recordó que ayer se entregó el Centro Regional de Identificación Humana, Torreón, Coahuila.

En la sesión, la titular de la CNB y secretaria ejecutiva del sistema, Karla Quintana Osuna, abundó sobre el proceso de construcción y fortalecimiento del protocolo homologado y lo destacó como una de las garantías del derecho de toda persona a ser buscada y que todas las autoridades deben coordinarse para realizar una búsqueda efectiva.

Puntualizó que este instrumento es el resultado de un amplio proceso participativo entre familiares de personas desaparecidas, sociedad civil, y autoridades federales y estatales, además de organizaciones nacionales e internacionales como la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La consejera nacional ciudadana, Grace Mahogany Fernández Morán, exigió a las autoridades ministeriales cumplir con las obligaciones legales, constitucionales y convencionales, así como coadyuvar en las acciones de búsqueda de personas desaparecidas. Asimismo, se destacó que el protocolo es un instrumento vivo que deberá mejorarse y revisarse en la práctica.

El documento presentado por la CNB y aprobado con 37 votos a favor fue elaborado conjuntamente con las comisiones locales, y fortalecido mediante un proceso participativo que convocó a cientos de familiares de personas desaparecidas, así como a organizaciones civiles, universidades, colectivos y organismos internacionales.

Significa uno de los instrumentos rectores de la política pública de búsqueda de personas desaparecidas en México, y su cumplimiento es obligatorio para las y los servidores públicos en la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas.

También involucra a comisiones de búsqueda, instituciones de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno, autoridades ministeriales (especializadas o no en la investigación de los delitos de desaparición), instituciones de asistencia social, hospitales, autoridades electorales, migratorias, del registro civil, diplomáticas, consultares y radiodifusoras, entre otras.