La niñez y adolescencia es una etapa en que la madurez emocional todavía no culmina en niños y jóvenes, y para protegerlos, hay una ley que impide se puedan casar antes de cumplir la mayoría de edad, así lo dijo la diputada del PAN, Karen Michelle González Márquez, en el programa “Parlamento en Vivo”, producido por la Coordinación de Comunicación Social.
La secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores e integrante de la Comisión de Presupuesto se congratuló porque ya se puedan sancionar los matrimonios infantiles y también las uniones informales infantiles, dada la iniciativa de ley que propuso ante el Congreso Federal, la cual junto con otras se aprobó recientemente.
El pasado 25 de abril se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto por el que se reforma el artículo 205-Bis y se adiciona un Capítulo IX al Título Octavo del Código Penal Federal, relativo a la cohabitación forzada de menores de 18 años.
De tal forma que se sancionará con cárcel a quienes ya estén viviendo juntos y cuando las personas sean menores de 18 años o no tengan la capacidad para conocer el hecho, o sea, personas vulnerables, con alguna discapacidad, por ejemplo, y que no tengan la capacidad para resistirlo.
Las sanciones se aplicarán a quien obligue, coaccione, induzca, socialice, cuestione y oferte a una o varias personas a unirse entre ellas, de manera informal o formal, en matrimonio, con o sin su consentimiento; así de claro.
Los menores de edad no podrán contraer matrimonio por ningún motivo, enfatizó la diputada González Márquez.
Las penas van de 8 a 15 años de prisión y de mil a 2 mil 500 días de salario mínimo de multa, o ambas, e incluye tanto a familiares como a todos los involucrados, pues hay otro tipo de delitos que pueden tener que ver, como la pedofilia, esclavitud y felonía, ante lo que la diputada del PAN comentó que se puede denominar a este fenómeno como “esclavitud moderna”, cuando en muchas ocasiones las víctimas son las niñas, y abundó que hay muchos casos en que se casaron niñas a cambio de venderle ganado o tierras a sus padres o darles alguna remuneración.
La legisladora explicó que la iniciativa surgió por la problemática de los menores de 18 años en México, país que ocupa el octavo lugar mundial en matrimonios infantiles y seis de cada mil matrimonios involucran a niños de 12 a 14 años. Además, los embarazos en los últimos diez años se han incrementado en menores de 15 años.
Apuntó que durante 2006 se daban 8 mil 85 embarazos en niñas, y ya para el 2016 (última encuesta realizada) aumentaron a 11 mil 808. Aquí también se da el fenómeno de que uno de cada cinco nacimientos anuales se da con las menores de 20 años.
Son datos que nos deben avergonzar y que nos impulsaron a actuar, dijo la diputada, cifras alarmantes que también se presentan en los usos y costumbres, sobre todo en la zona sureste de la nación. “Lo que nos motivó principalmente fue buscar y proteger el derecho a una vida plena y feliz y que estas niñas y niños sean dueños de su propio destino”.
Hizo un reconocimiento a todos los grupos parlamentarios, pues la aprobación se dio por todos los partidos políticos, poniendo en el centro a la niñez, porque esta reforma se dio por el consenso y aprobación, por unanimidad, de todos los grupos parlamentarios, tanto de Cámara de Diputados como de Cámara de Senadores, haciendo a un lado la diversa perspectiva de los partidos sobre el tema.
La legisladora enfatizó en un tema que fue parte de las causales: se hacían la pregunta de ¿por qué los matrimonios infantiles y de menores de edad se daban, y se siguen dando, en todos los estados de la República, si están prohibidos desde 2019? La respuesta se encontró en “darle dientes” a la ley, para que se aplicara y se sancionará, dijo, a quienes cometen y convalidan este delito, que al fin quedó tipificado.
Las niñas (y cuando se convierten en mujeres), platican que son esclavas domésticas que se dedican completamente al hogar y a ser esclavas de su esposo, quien se convierte en su amo absoluto: tienen que obedecerlo y hacer todo lo que les piden, donde interviene todo el esquema de violencia familiar y violencia sexual, o sea: todo tipo de violencia, señaló y dijo que ahí es donde las menores pierden todo, como su derecho a la educación.
“Ni siquiera está demostrado en ese punto, científicamente, que ese cuerpo de niña tenga la capacidad para dar a luz y procrear un bebé, dándose un sinfín de afectaciones de niñas y niños, con menor frecuencia en niños”.
Indicó que es trata de personas, en que a veces el esposo oferta a la niña a sus amigos, o incluso, la vende, y tantos casos que se dan en verdad, que dan miedo”.
Explicó que el proceso legislativo empezó el 5 de abril de 2022 cuando presentó la iniciativa que iba en dos sentidos y se publicó el 25 de abril de este año para surtir efecto, luego de su aprobación en la Cámara de Diputados y el Senado de la República.
La diputada González Márquez puntualizó que aun en casos en que ambos sean menores de edad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que los menores de edad no tienen capacidad jurídica para contraer matrimonio, desde el campo civil, y lo que nosotros tenemos que garantizar es el pleno y sano desarrollo cognitivo de los menores de edad, para que el Poder Judicial actúe en consecuencia. (JCHW)