El académico Amador Rodríguez Lozano aseveró que se debe analizar a profundidad el tema de la idoneidad de los posibles candidatos a ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a fin de que tengan la objetividad, imparcialidad, conocimientos, visión de Estado, honestidad intelectual, autoridad moral, entre otros, “para no volver a caer en las mismas circunstancias que los integrantes actuales”.

En el marco del inicio de los conversatorios “Participación Ciudadana para la Transformación del Poder Judicial”, indicó que la idoneidad es el punto más preocupante en la elección universal de las y los ministros, pues le “dará legitimidad, y quizá evitará la participación de los partidos políticos”.

Puntualizó que las personas idóneas para desempeñar tan trascendente cargo deben tener objetividad, imparcialidad, conocimientos visión de Estado, conocimiento de la historia de México, honestidad intelectual, autoridad moral, los cuales son “solo algunos de los merecimientos que deben tener los futuros ministros de la Corte”.

Durante la mesa “Soberanía popular, fortalecimiento de la democracia directa y vinculación ciudadana para revisar y modificar el régimen de designaciones de cargos en la Suprema Corte”, Rodríguez Lozano agregó que también se debe analizar la temporalidad de la campaña de las y los ministros, la cual no debe exceder el mes para evitar la polarización.

Así como, precisar el quorum para que sea legal el referéndum y obligatorio; comentó que en la consulta se debe establecer un mínimo para ganar la elección por mayoría simple, sin importar el número de votantes.

“Estas y otras incógnitas deberán resolverse para concretizar la propuesta. Además, estas interrogantes no solo tratan sobre el instrumento apropiado que junte el voto popular con el proceso de designación de los ministros de la Corte, también busca remediar los vicios que actualmente se encuentran en el ejercicio del máximo órgano del Poder Judicial en México actual”, apuntó.

Opinó que se necesita reformar el artículo 5° constitucional, que establece la libertad de trabajo para poder precisar la colegiación forzosa, porque actualmente “no la hay y nadie tiene la obligación de pertenecer a un colegio de abogados, por lo tanto, hay de todo tipo de abogados con una gran currícula, pero no es un personaje que sea idóneo para ser ministro de la Corte”, pues probablemente se haya desempeñado en una escuela “patito”.

Rodríguez Lozano consideró que actualmente todo está politizado hasta la Corte, que “durante siglos se había querido mantener fuera de la política, hoy ya es un protagonista más, de hecho, es un fenómeno global”.

Señaló que es importante que no se sumen cuotas partidistas o políticas en el procedimiento de designación de los ministros para que se cumpla con el perfil deseado.

“Vivimos una democracia contemporánea imperfecta, en la cual cada persona, partido o grupo parlamentario, incluso los medios de comunicación, tienen su propia versión de lo que creen que es democracia; este concepto el día de hoy se encuentra totalmente politizado, ideológico, del cual no existe una definición unánimemente aceptada”, expresó.

“Cómo entonces convocar al pueblo de México, únicamente a los ciudadanos, para que a través de un referendo se decida si los ministros se eligen por el voto popular”, preguntó.

Finalmente, explicó que el referendo es una institución de democracia directa que surgió en Suiza, en el siglo XVI, que se ha proyectado en el mundo como una forma de la crisis de legitimidad que desde hace años viene presentando el sistema representativo actual, pues las instituciones representativas se enfrentan a diferentes realidades.

“En principio nadie puede estar en contra de que el pueblo directamente designa tan importantes miembros del sistema jurídico mexicano; sin embargo, es necesario señalar que esta propuesta se aparta de todo lo que dice la doctrina constitucional sobre el referendo, pues no es ni revocatorio ni facultativo ni obligatorio”, abundó.

Rodríguez Lozano resaltó que “estamos ante la creación de una nueva dimensión de esta institución de consulta popular, pues se pretende que el pueblo le diga a los políticos qué quiere para la designación de ministros de la Corte que es un tema de la agenda política de los partidos y del gobierno, pero que poco tiene que ver con la agenda de los ciudadanos.

“Estoy a favor de utilizar esta institución; sin embargo, el procedimiento por aprobarse arroja una gran cantidad de incógnitas y un problema que hay que resolver antes de aplicarse. No por ser innovadores o demócratas a ultranza vamos a echar a perder la Corte constitucional mexicana”, concluyó. (EGV)

Foto: Cámara de Diputados