El Estado mexicano debe garantizar armonía social y seguridad ante las próximas elecciones de junio donde se renovarán seis gubernaturas en el país, así lo afirmó el Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero”.

José Antonio Lara Duque, abogado del colectivo, explicó que hay indicios en varias regiones del país donde grupos delincuenciales, asociadas al trasiego de drogas, se movilizan para influir en la decisión de la sociedad sobre las personas que aspiran a cargos de gobierno.

“Tan solo en Quintana Roo, producto de la disputa de grupos del narcotráfico, los delincuentes se hacen presentes para favorecer a ciertos candidatos que aspiran ocupar puestos políticos en la presente jornada electoral”, expresó.

En otro de los casos, no menos importante resaltó, más de 140 familias de origen Triqui de la zona de Tierra Blanca, Copala, Oaxaca, no han podido retornar a su lugar de origen pese a la intervención de la Secretaría de Gobernación (Segob), a consecuencia de la invasión de grupos políticos opositores en aquella región de Oaxaca.

“Es muy grave que el Estado mexicano no brinde las garantías para que los legítimos dueños de la tierra regresen; sino que, además, producto del desplazo forzado, las personas indígenas tengan que vivir prácticamente en la calle de la ciudad de México, sin el derecho de regresar y ejercer de manera plena la elección de sus futuros gobernantes”, relató.

En otro ejemplo, explicó que, en diversas regiones de Hidalgo, particularmente las colindantes con el estado de México, grupos delincuenciales ya amenazan a la población para que sean beneficiados ciertas personas que aspiran a lograr un cargo público.

“Es evidente que las personas afectadas evitan ampliar los problemas que tienen en sus regiones y, por lo tanto, la posibilidad de denunciar estos actos ilícitos es prácticamente imposible, ya que las amenazas son de muerte”, dijo.

Por si esto fuera poco, Lara Duque advirtió que hay casos de violencia contra periodistas y defensores de los derechos humanos, ya que estas personas son las que intentan revelar las situaciones hostiles a través del activismo social y de la práctica del periodismo profesional, sostuvo.

“Estamos conscientes que esta labor es particularmente importante y peligrosa cuando se enfrenta a un interés económico, con secuencias extremas y que a menudo genera una fuerte deslegitimación, estigmatizando a las personas defensoras como enemigas de cierto interés”, explicó.

“Por eso es de suma importancia que el Estado mexicano garantice una jornada electoral libre de violencia y lejano al interés de los grupos delincuenciales que tienen un interés particular sobre ciertas personas que aspiran a un cargo de elección popular”, explicó.

“Es deber del Estado mexicano de garantizar un ambiente propicio y seguro para las personas defensoras en el marco de la jornada electoral de este 5 de junio para evitar una sola agresión a la sociedad”, resaltó.