La diputada Aleida Alavez Ruiz (Morena) celebró la aprobación de las reformas que elevan a rango constitucional la total protección de los recursos provenientes de programas sociales, a fin de garantizar a los beneficiarios que estos no se cobrarán de manera indiscriminada por terceros.

Con 459 votos a favor, de manera unánime, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que prevé en el artículo 4 constitucional la inembargabilidad de los apoyos económicos, pensiones no contributivas y becas establecidas en los tres párrafos que preceden y demás apoyos que tengan por objeto el combate a la pobreza y la desigualdad social, provenientes de los gobiernos federal, estatal o municipal.

Al respecto, en un comunicado, la vicecoordinadora de la fracción parlamentaria de Morena, comentó que se trata de una medida para que estos recursos que percibe la población en necesidad, no sean susceptibles de retenciones, descuentos, deducciones, compensaciones o embargos por parte de particulares.

“Esta reforma acabará con los cobros a lo chino que hasta ahora instituciones financieras realizan indebidamente sin agotar el debido proceso”, declaró.

Expresó que el dictamen cierra el círculo virtuoso de protección a los más necesitados pues, aunque los programas sociales son un derecho constitucional, la realidad es que intereses ajenos al bienestar de la población vulnerable pueden servirse de estos para lucrar de manera indebida.

Puntualizó que la reforma no pretende evitar el cobro de deudas, sino que las instituciones financieras no utilicen los fondos que la sociedad aporta a personas vulnerables, cuya finalidad es cubrir sus necesidades más apremiantes.

Recordó que el derecho al mínimo vital previsto en nuestra Constitución es para los grupos más vulnerables de la sociedad, como lo son las personas con discapacidad permanente, adultos mayores, los que pertenecen a comunidades indígenas y estudiantes que no cuentan con medios económicos suficientes para hacer frente a necesidades más básicas.

En ese contexto, declaró que los recursos provenientes de los apoyos económicos a estas personas deben contar con una protección especial, incluso en la Constitución, “de manera que es indispensable generar las condiciones necesarias para brindar la mayor protección posible a esos apoyos e incluso evitar que sean cobrados sin el debido proceso legal previo de cualquier tipo de deuda.

Foto: Cámara de Diputados