El activista y defensor de los derechos del agua, Omar Jiménez, se pronunció en favor de la re municipalización del agua por parte del Gobierno del Estado de Puebla y acción que incluso fue respaldada por el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador en su visita el pasado 5 de mayo.

Esto, luego de que el mandatario estatal anunciara que su administración ya prepara un litigio para recuperar el control del servicio de agua potable en la capital, que actualmente se encuentra en manos de la empresa Agua de Puebla para Todos.

Por lo que dijo que uno de los primordiales objetivos es cuidar los intereses de la gente, por lo que dijo que la privatización del agua en el municipio de Puebla ha provocado una serie de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, una crisis ambiental, económica, entre otras.

Asimismo, responsabilizó a Eduardo Rivera Pérez quien el 13 de septiembre de 2013 en sesión extraordinaria de cabildo el municipio de Puebla celebró convenio de coordinación donde se estableció la clasificación para entregar al SOAPAP el servicio público la facultad para cobrar y actualizar las tarifas y cuotas para sancionar y de concesionar.

“Una licitación con vicios de origen que han sido documentados y exhibidos por nuestro movimiento y otros colectivos, una ley del agua para el Estado de Puebla que es inconstitucional y cito un ejemplo el artículo 99 que contempla la suspensión justificada de los servicios hídricos por falta de pago, no obstante, los tratados Internacionales determinan lo contrario al igual que la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además en un solo caso de suspensión del servicio hídrico los empleados de la concesionaria denominada Concesiones Integrales S. A. de C. V. y/o Agua de Puebla no han acreditado el supuesto adeudo”.

Dijo que la suspensión del servicio de drenaje lo que ha provocado un daño a la salud tal es el caso que recientemente la empresa concesionaria suspendió el servicio de agua y drenaje a locatarios de la Central de Abasto como en todos los casos sin exhibir orden judicial, sin acreditar el supuesto adeudo, poniendo en riesgo la salud de los locatarios, vendedores, consumidores, trabajadores, generando un foco infeccioso y contaminando los productos que se comercializan y les quieren cobrar 30 millones de pesos a los locatarios.

Por lo que aseveró que estas acciones es una serie de violaciones a derechos humanos que comete los concesionarios agua por todo lo anterior y más es claro y evidente que agua de Puebla Concesiones Integrales S. A. de C. V. han incumplido el título de concesión por lo que es procedente la revocación del contrato y como fue la concesionaria la no cumplió es ella misma la que tiene que pagar una penalidad económica resarcir el daño moral, ambiental, económico